Parias, violadores de los derechos humanos, asesinos. Esas fueron algunas de las expresiones con las que el vicepresidente Francisco Santos y el canciller, Jaime Bermúdez, tuvieron que lidiar en el exterior cuando debían explicar la situación de Colombia.
Ayer, durante la rendición pública de cuentas en el consejo comunal realizado en Riohacha, ambos destacaron que el país es mirado con respeto, se reconocen sus avances y sus esfuerzos aunque se sabe que todavía hay problemas por resolver.
Para Santos, hace ocho años la meta del Gobierno era devolver el país a los ciudadanos y con la política de Seguridad Democrática se dio un gran paso.
«Proteger la vida, la libertad y la seguridad de la gente es la mejor política posible de defensa de los derechos humanos. Encontramos una Colombia asediada por la violencia, sumida en la desesperanza y arrinconada por el pánico. Hoy tenemos un país en el cual la gente recobró su libertad», afirmó el Vicepresidente.
Un ejemplo, afirmó, es la disminución en los homicidios: se pasó de cerca de 28.000 en 2002 a 7.300 en lo que va de 2010. De 115 masacres en 2002 se pasó a nueve el año pasado.
«La fuerza pública es respetuosa de los derechos humanos, los jefes paramilitares están en las cárceles y aunque se han presentado 18 masacres, han sido enfrentamientos entre bandas criminales», señaló Carlos Franco, director del programa de Derechos Humanos, de la Vicepresidencia.
En el tema de los llamados «falsos positivos», Santos insistió en que se trataba de una situación que se presentaba desde mucho tiempo y que con el Ministerio de Defensa se buscaron los correctivos. Hasta el 10 de marzo habían 227 militares condenados, 33 absueltos, 271 en etapa de juicio, 281 abstenciones y 185 preclusiones.
En el banquillo de la OIT
Uno de los recuerdos del Vicepresidente es que hace ocho años cuando acudió por primera vez a la OIT, en Ginebra, se sintió como si estuviera en el banquillo de los acusados.
«Me sentaron al lado de la delegación de Myanmar, que tiene a su Premio Nobel (Aung San Suu Kyi) presa hace ocho años y me hervía la sangre por dentro pero me lo tuve que aguantar», comentó Santos. Este año, se logró que Colombia fuera excluida de la llamada lista negra de la OIT.
Según Julio Roberto Gómez, de la CGT, «se ha ido ganando la lucha contra la impunidad en los crímenes contra sindicalistas. Buena parte se debe a la creación de una unidad especial en la Fiscalía para esclarecerlos».
Hasta abril de este año, recordó Santos, se habían proferido 267 sentencias y 367 personas habían sido condenadas por delitos contra sindicalistas.
Un capítulo cerrado
Otro paso importante ha sido la visibilización de las víctimas, mediante la expedición de la Ley de Justicia y Paz.
«Se logró incorporar el tema de las víctimas a la agenda de discusión nacional, se hicieron visibles y ese es un paso que teníamos que dar para la reconciliación del país», afirmó el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro.
Según Santos, la Ley de Justicia y Paz ha permitido esclarecer 46.000 hechos de violencia cometidos por los paramilitares, de los cuales 16.000 son homicidios. Hay 34.000 hechos están en etapa de verificación.
Lo más importante, afirmó Santos, es que decenas de familias han podido cerrar heridas que estuvieron abiertas durante muchos años. Una de ellas es la de Nieves Meneses, quien el viernes recibió los restos de sus cuatro hijas Nancy, de 28 años; Jenny Patricia, de 19; las mellizas Nelsy Milena y Mónica Liliana, 18 años; y María Nelly, de 13 años, desaparecidas por los paramilitares en el Putumayo el 1 de enero de 2001.