Luego de conocerse la sentencia contra uno de los partícipes del homicidio del excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, su hija reaccionó calificando la condena como una “noticia agridulce”.
Llevo más de 30 años buscando justicia por el asesinato de mi padre. Hoy tenemos una noticia agridulce: la condena en primera instancia contra el escolta del DAS, Jairo Ernesto Gómez, por homicidio con fines terroristas agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.… pic.twitter.com/5rupZn7oLd
— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) September 26, 2023
A 20 años y 3 meses de prisión, fue condenado el exdetective del DAS, por haber disparado contra el sicario que mató a Pizarro, después de que se había rendido y pidió que le perdonaran la vida.
“Llevo más de 30 años buscando justicia por el asesinato de mi padre. Hoy tenemos una noticia agridulce: la condena en primera instancia contra el escolta del DAS, Jairo Ernesto Gómez, por homicidio con fines terroristas agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Él disparó contra el sicario que asesinó a mi padre”, escribió María José Pizarro en su cuenta de Twitter.
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En la misma publicación la congresista indicó: “Se ratifica nuestra hipótesis: el DAS tuvo responsabilidad en el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez. No vamos a desfallecer hasta esclarecer la verdad y saber quiénes fueron los máximos determinadores de su muerte”, agregó.
Sobre los hechos la Fiscalía recordó: “Asimismo, se acreditó que disparó y le causó la muerte a la persona que había atacado con arma de fuego al candidato presidencial. Esta acción la ejecutó cuando el señalado sicario había dejado en el piso de la aeronave la subametralladora utilizada y levantaba sus manos mientras pedía que le respetaran la vida. De esta manera silenció al autor material del homicidio, quien sería un testigo fundamental para identificar a los determinadores y a otros involucrados en el crimen”.
El condenado también fue inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas durante 10 años, y se fijó una indemnización en beneficio de las víctimas que asciende a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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