La Fiscalía General de la Nación obtuvo abundante material de prueba que permitió identificar a los presuntos integrantes de dos redes señaladas de vender rifas ilegales; y poner en evidencia el patrimonio que habrían constituido con su actuar ilegal en Cesar y La Guajira.
Inicialmente, la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales logró la captura de nueve personas que harían parte de estas organizaciones. Las investigaciones dan cuenta de que estarían involucradas en la promoción, distribución y comercialización de rifas, cuyos premios se entregaban en efectivo.
Ambas estructuras compartían los mismos promotores y vendedores, y se coordinaban para ejercer la actividad ilícita en sectores específicos.
Los detenidos son: Omaira V. O., Maribeth A. M., Carlos Augusto M. O., Arquímedes de la H. S., Carmen Cecilia R. M., Aristides H. C., José Joaquín P. J., Joaquín Mariano R. C. y Nilva C. R.
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Omaira V. O. sería la cabecilla de una de las redes, que cada semana jugaba un premio de 20 millones de pesos. Las boletas eran distribuidas desde San Diego (Cesar) y tenían un costo de 5.000 pesos. Al parecer, la mujer contaba con el apoyo de A. M., M. O. y De La H. S. para organizar las rifas, contactar promotores y conseguir fuentes de financiación
El otro grupo impactado, presuntamente, era articulado por José Francisco B. G., alias ‘Kiko’. Este hombre es señalado de dirigir una rifa trimestral, que entregaba 70 millones de pesos al ganador.
Para la Fiscalía, las personas que habrían auspiciado estos sorteos desconocieron la normatividad que regula los juegos de suerte y azar, y los organizaron sin los permisos de ley.
En ese sentido, fueron imputadas por los delitos de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico y concierto para delinquir. Todos los investigados recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
Golpe a las finanzas criminales
De manera simultánea al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio materializó medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 12 bienes, entre inmuebles urbanos y rurales, establecimientos de comercio y vehículos.
Las propiedades superarían en valor los 2.276 millones de pesos.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar las propiedades afectadas con medidas cautelares.
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