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Un grupo de víctimas del conflicto armado colombiano pidió este miércoles al general en retiro Mario Montoya, excomandante del Ejército, contar la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales por las que es investigado por la Justicia Especial para la Paz (JEP), donde comparece hoy por primera vez.
A la sesión, que es reservada y a la que acuden 41 víctimas y 15 representantes judiciales, llegaron los manifestantes que con carteles en mano se apostaron frente a la sede de la JEP, el tribunal creado para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.
«Esperamos el día de hoy que el general Montoya acepte que bajo su mando ocurrieron estos casos y deje de evadir su responsabilidad, no solo en el caso de mi hermano sino en el de miles de víctimas de estas acciones», cuenta a Efe Anderson Rodriguez, cuyo hermano Steven fue una de las víctimas de los «falsos positivos», como se conocen en Colombia las ejecuciones extrajudiciales.
MILES DE VÍCTIMAS
La Fiscalía colombiana investiga cerca de 5.000 casos de «falsos positivos» cometidos entre 1998 y 2014, mediante los cuales militares presentaban a inocentes como guerrilleros muertos en combate para obtener reconocimientos de sus superiores.
De estos, la JEP ha recibido información de 2.200 casos que, por el momento, se encargará de juzgar.
Estas cifras contrastan con las de la ONU, que en 2011 aseguró que se investigaban al menos 3.000 «falsos positivos», aunque luego precisó que las estimaciones cifraban estos hechos en unos 4.200.
En la diligencia de hoy, Montoya, comandante del Ejército entre 2006 y 2008, podrá «hacer un reconocimiento de verdad y responsabilidad o negar los hechos o aducir que carecen de relación con el conflicto», según la JEP.
Y es que la Justicia Especial para la Paz señaló que el excomandante del Ejército «ha sido comprometido en varios informes» presentados al tribunal y en al menos «11 versiones rendidas por miembros de la fuerza pública dentro del caso».
«¿QUIÉN DIO LA ORDEN?»
En el plantón, los manifestantes pusieron un cartel gigantesco con fotos de las víctimas y llevaron también pequeñas pancartas con mensajes como «Nos enterraron pero no sabían que somos semilla» o «Montoya, diga la verdad. ¿Quién dio la orden?».
«Es importante que Montoya haya querido declarar ante la JEP de forma voluntaria, esperamos que diga la verdad sobre los crímenes que se le atribuyen y aproveche esta oportunidad para esclarecer estos casos mientras estuvo a cargo», comenta a Efe la abogada Liliana Uribe, que hace parte de un grupo de apoyo a las víctimas.
También acudieron a la manifestación víctimas de otros hechos que ocurrieron en el marco del conflicto armado como es el caso de Inés Castilblanco, quien perdió a su hermana en la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985.
«Venimos a este plantón para reclamar por todos los desaparecidos que hay en Colombia, aunque creo que la verdad no saldrá a la luz porque hay mucha impunidad», explica a Efe.
La toma del Palacio de Justicia en Bogotá comenzó el 6 de noviembre de 1985 cuando guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) irrumpieron en el edificio y tomaron como rehenes a cerca de 300 personas, entre ellas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
Un día después el Ejército retomó a sangre y fuego el edificio, acción que dejó 94 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte, decenas de heridos y 11 desaparecidos, en su mayoría empleados de la cafetería y visitantes.
MONTOYA EN LA JEP
El general Montoya firmó en octubre del año pasado el acta de sometimiento a la JEP, en donde ha insistido en su inocencia frente a esos crímenes.
En el caso 3 que investiga la JEP sobre ejecuciones extrajudiciales, también han comparecido el general en retiro Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30; el general Miguel David Bastidas, exsegundo comandante del Batallón de Artillería número 4 «Jorge Eduardo Sánchez», y el general en retiro Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16.
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