Vista de una estación de gasolina el 29 de septiembre de 2020 en Caracas (Venezuela).
Venezuela comienza este jueves la cuenta atrás marcada por las sanciones de EE.UU. para terminar sus exportaciones petrolíferas a varias empresas, una medida con un fuerte impacto en la economía del país, extremadamente dependiente de esa industria, y con repercusiones en los contratos de varias petroleras internacionales con exenciones temporales.
Sobre dichos envíos, sobrevuela el silencio institucional que reina sobre los datos macroeconómicos en Venezuela y del que no es ajeno la industria petrolera.
Consultado el Gobierno venezolano acerca de dichos embarcos, así como el efecto que puede tener sobre la industria petrolera o la compañía estatal PDVSA o si planean sustituir dichas empresas por otras, Efe no obtuvo respuesta.
EMPRESAS DE EE.UU. Y EUROPA
El pasado 22 de abril, el Gobierno de Estados Unidos ordenó a la empresa Chevron «cesar gradualmente» sus actividades petroleras en Venezuela, además de prohibirle perforar, transportar o negociar con crudo.
Finalmente le exigió que reduzca sus operaciones en el país a un simple «mantenimiento» de sus activos, afirmó este miércoles un alto cargo estadounidense.
Entonces, emitió una licencia que permite técnicamente que cinco petroleras estadounidenses, entre ellas Chevron, puedan seguir operando en Venezuela hasta el próximo 1 de diciembre, a pesar de las sanciones que buscan debilitar al Gobierno de Nicolás Maduro.
La espada de Damocles también pendía sobre la española Repsol y la italiana ENI, entre otras.
Las autoridades estadounidenses, sin embargo, destacaron también en abril que Repsol ha cesado algunas de sus actividades en Venezuela para no incumplir las sanciones estadounidenses. La empresa española explicó que había reducido gradualmente su exposición patrimonial en el país caribeño y que el crudo que recibía era como pago de las deudas acumuladas.
Vista de una estación de gasolina el 29 de septiembre de 2020 en Caracas (Venezuela).
UN PANORAMA DE DESOLACIÓN
El economista experto en petróleo Rafael Quiróz explicó a Efe que en estos momentos se estima que hay 47 empresas transnacionales, de las que 31 están en la denominada «Faja del Orinoco», una región en la que actualmente se extraen unos 200.000 barriles diarios de crudos extrapesados, una cifra que llegó a rondar los 1,1 millones de barriles.
Quiróz recuerda que, en 1998, la producción total venezolana «estaba en 3,3 millones de barriles, de los que se exportaba entre 2,6 y 2,7 millones, mientras que entre 500.000 y 600.000 se destinaban al mercado interno.
«Ahora, la exportación está llegando, si tenemos ubicada la producción en 396.000 barriles, estamos exportando unos 300.000-310.000 barriles diarios», explica, antes de recordar que esos envíos incluyen los distintos compromisos con China, Rusia, India, Cuba y Petrocaribe, una alianza que incluye a varios países del Caribe.
En su opinión, la salida de estas empresas de Venezuela como consecuencia de las sanciones estadounidenses tendría un impacto sobre la industria petrolera venezolana porque «no está en condiciones de recoger el testigo y poder sustituirlas en términos de producción».
«Hay un problema también, no solo de financiamiento de capital para efectos de inversión, sino que hay también un problema de recursos humanos, ha habido una emigración fuerte en lo que llamamos personal calificado», sostuvo.
Además, sustituir esas empresas por otras, que tomen la decisión de acudir a Venezuela, no es fácil porque deben de dejar otros yacimientos para acudir a crudos como los de la Faja del Orinoco «o en los yacimientos de lo que llamamos crudo convencionales», lo que implica un «riesgo».
«Significa tener que invertir en Venezuela o trabajar en Venezuela en momentos no muy holgados ni muy cómodos, de crisis política profunda», sostiene Quiróz antes de añadir que en el país no hay «un marco jurídico muy claro, definido y transparente».
UNOS DATOS EXTRAORDINARIOS
El pasado martes y de forma extraordinaria, como él mismo reconoció, el presidente Nicolás Maduro ofreció, de forma extraordinaria, datos acerca de la industria petrolera y dijo que «entre 2015 y 2019, Venezuela dejó de producir en total cerca de 1.195 millones barriles de petróleo».
A continuación agregó que «estudios independientes estiman que las sanciones fueron responsables de aproximadamente 58 % de la caída total de la producción de PDVSA desde 2015», si bien no se refirió a qué informes se refiere ni tampoco a qué se debe la caída del otro 42 %.
«El embargo de facto a las ventas de crudo de Venezuela hacia el mundo, la descarada presión contra empresas de varios países para que cesen sus operaciones en Venezuela, el chantaje sobre los proveedores de la industria para que nieguen repuestos y servicios, todo, absolutamente todo, está escrito en las órdenes ejecutivas de Donald Trump contra la industria petrolera nacional», añadió.
Apenas un día después, y de nuevo de manera extraordinaria, aseguró que PDVSA ha conseguido arreglar dos refinerías, si bien no dijo cuáles son ni tampoco había informado acerca de sus fallas.
Es el silencio administrativo con respecto, incluso, a la industria que ha sostenido y llevado prosperidad a un país en el que obtener datos fiables y solventes es una pugna diaria.
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