La Fiscalía General de la Nación ha llevado a cabo la judicialización de tres personas, entre ellas un subintendente y un patrullero de la Policía Nacional, por su presunta participación en el delito de concusión.
Los implicados son el subintendente Daniel Isaías Villamil Acosta, el patrullero Jackson Zapata Sepúlveda y el particular Giovanni Atehortúa Ospina.
La investigación revela que los procesados exigieron un pago de 10 millones de pesos a un comerciante para evitar su judicialización por un supuesto porte ilegal de armas. Los incidentes ocurrieron el 6 de julio de 2023 en la avenida Las Palmas de Medellín, donde interceptaron a la víctima y su pareja, que se encontraban en un vehículo de alta gama.
Durante la intervención, los agentes encontraron en el bolso de la mujer una pistola calibre 9 milímetros, que poseía la documentación válida para su tenencia. A pesar de este hecho, los policías presionaron a la víctima, amenazándole con acciones judiciales si no cumplía con su exigencia económica.
Para forzar el pago, los uniformados retuvieron el arma, dos teléfonos celulares y varias joyas de la pareja. Horas después, con el fin de recuperar sus pertenencias, la víctima entregó ocho millones de pesos en efectivo a Zapata Sepúlveda, quien le devolvió la pistola y los demás objetos.
Luego de que la víctima presentara la denuncia, los tres acusados fueron capturados por la Policía Nacional.
Durante el proceso, ninguno de los implicados aceptó los cargos que les fueron imputados por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.
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