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Resumen: La Corte Suprema de Justicia investiga a nueve congresistas a raíz de un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Se presume que los congresistas habrían participado en una red ilícita durante la administración del exdirector Olmedo López Martínez. La Fiscalía General de la Nación remitió las pruebas a la Corte para que se determine la responsabilidad de los implicados.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibió compulsa de copias de la Fiscalía General de la Nación contra nueve congresistas.
De acuerdo con la Corte, en ésta se pide se indague la posible participación de nueve congresistas en los hechos relacionados con la estructura ilícita que habría funcionado en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
Los hechos investigados ocurrieron, presuntamente, durante la administración del exdirector Olmedo López Martínez.
La Fiscalía allegó dos archivos. El primero correspondiente a la información en la que figuran los congresistas Iván Name y Andrés Calle con destino al magistrado Francisco Farfán.
En otra pieza lo relacionado con el representante Wadith Alberto Manzur cuya investigación se encuentra en el despacho del magistrado Héctor Alarcón Granobles.
Los otros aforados investigados
En ese segundo oficio se menciona a los otros seis aforados. Los investigados serán Julio Elias Chagüi Flórez y Karen Astrih Manrique Olarte.
También Liliana Bitar, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan. Pablo Gallo Maya.
Los hechos relacionados con los congresistas de los que hasta ahora tiene noticia la Sala Especial de Instrucción, serán investigados inicialmente en el mismo radicado a cargo del magistrado Alarcón Granobles.
Se hará así, según explicó la Corte, por razones de conexidad procesal, en virtud de la posible existencia de un fenómeno de corrupción administrativa ocurrido en una entidad pública.
Las investigaciones están relacionadas durante un lapso determinado, con la participación de algunos directivos y con similares características en las presuntas conductas ilícitas.
Esta medida, contemplada en el artículo 90 de la Ley 600 de 2000, permite desarrollar una investigación penal concentrada, en procura de obtener respuesta a unos hechos de interés público.
El magistrado Farfán continuará con la investigación que ya venía adelantando, explicó la Corte Suprema de Justicia.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.
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