Los representantes a la Cámara Cristian Avendaño y Jennifer Pedraza, quienes demandaron la nulidad de la elección del contralor Carlos Hernán Rodríguez, ahora buscan modificar el sistema de control fiscal, empezando por eliminar la función electoral del Congreso para este cargo.
Para este efecto los jóvenes congresistas del Partido Verde y del Partido Dignidad y Compromiso, proponen despolitizar la escogencia del Contralor General, con la creación de una comisión integrada por tres miembros, cuya escogencia se realizaría a través de concurso de méritos dirigido y desarrollado por el Consejo de Estado.
“El error estructural de fondo es que los políticos escojan a quien va a vigilar los recursos que ejecutan los políticos, eso es apenas ilógico, pero así es como está en nuestra Constitución”, señala el representante Avendaño.
Además, la reforma señala que el control fiscal debe pasar de la jerarquía ejercida por una persona y pasar a ser manejado por una comisión de cuentas, además de modificar la estructura territorial, de tal manera que se logre una verdadera descentralización en el control y vigilancia de los recursos públicos.
De acuerdo con la representante Pedraza, para hacer un control estricto y efectivo de los recursos públicos, es fundamental quitarle el poder electoral al Congreso, lo que en su juicio es contradictorio con las propuestas de cambio y eliminar de una vez por todas que los entes de control sigan siendo entes de bolsillo.
“Desde siempre los sectores alternativos críticos hemos denunciado que los entes de control no pueden ser entes de bolsillo, ni del Gobierno ni de los gobiernos territoriales, para lograrlo los contralores no pueden seguir siendo elegidos por el Congreso de la República y su elección debe ser darse con un criterio meritocrático, que además le permita actuar con la suficiente fuerza y contundencia e independencia para que los recursos públicos no sigan desviándose en la impunidad”, insistió Pedraza.
Además, la reforma Constitucional radicada este miércoles busca la unificación de los trámites por procesos de responsabilidad fiscal, para que devuelvan la plata que presuntamente se roban, así como el trámite de los procesos penales.