Bogotá, 7 jun (EFE).- Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comienza este martes una esperada visita a Bogotá y Cali, donde más violencia ha habido desde que comenzaron las protestas, para verificar las denuncias de violaciones de derechos humanos.
La visita de la CIDH se presenta corta, de apenas 3 días, y polémica, después del intento del Gobierno de retrasarla y la presión nacional e internacional por que haya una presencia neutral e independiente que documente lo que está pasando y ha pasado en el país. Pero, ¿qué se espera de esta visita?
Varios entes pedían al Gobierno que deje entrar organismos externos que puedan comprobar de forma neutral lo que ha pasado en Colombia en más de seis semanas de multitudinarias protestas, que han traído abusos de las fuerzas públicas, según organizaciones sociales, y actos de saqueo, vandalismo Y bloqueos de carreteras, como señalan desde las instituciones.
No es, no obstante, una visita «in loco», es decir, una misión donde se hace un verdadero monitoreo de las situación de derechos humanos en el país, sino una visita de trabajo, más acotada y, por ello, más limitada.
Durante la visita, los delegados de la CIDH recopilarán testimonios e informes y buscan centrarse en «víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares», que deben acreditarse en su página web o enviarles el material de forma telemática.
«Se espera que registren objetivamente lo que ha ocurrido y lo den a conocer al mundo y a Colombia, y que pongan un granito de arena para forzar al Gobierno colombiano, al Comité del Paro y a todos los manifestantes a buscar un acuerdo y cambios en Colombia», explicaba la semana pasada el director del Centro de Pensamiento Paz y Reconciliación (Pares), León Valencia.
Sin embargo, el domingo el Gobierno informó que el Comité Nacional del Paro (CNP), compuesto mayoritariamente por sindicatos, decidió «suspender unilateralmente la interlocución en la mesa de diálogo».
Por su lado, el Comité dijo que suspendió la negociación y evalúa la continuidad de las conversaciones porque el «Gobierno ha dilatado, a propósito, la negociación del pliego de emergencia».
Desde el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el investigador Víctor Barrera considera que la visita de la CIDH «puede salvar la vida de decenas y centenares de personas que van a seguir siendo víctimas de violaciones de derechos humanos».
«Para los manifestantes, el hecho de que venga un organismo internacional, independiente y autónomo que va a emitir una serie de recomendaciones al Estado es un paso en la buena dirección y ayudará a atenuar la crisis», explica la organización DeJusticia.
Desde el comienzo de las protestas la Fiscalía ha reportado 20 muertos, mientras que organizaciones sociales como la ONG Temblores elevan el número a 74 víctimas mortales, de los cuales 45 culpan directamente a la Policía y la mayoría de ellos ocurridos en Cali.
Esta organización también ha reportado casi 3.800 casos de violencia policial, 1.649 detenciones arbitrarias, 187 casos de disparos de armas de fuego por parte de la Policía, 65 víctimas con lesiones oculares y 25 víctimas de violencia sexual.
Tras documentar los hechos y recopilar testimonios de las partes que quieran participar, la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), se espera que emita unas recomendaciones.
«Esperamos que la CIDH retome recomendaciones realizadas en otros informes y evaluaciones del órgano de protección y la Corte IDH, así como por varios espacios de Naciones Unidas», alegan desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
También podrían dar un paso más allá y establecer un mayor monitoreo y diálogo e incluso el impulso de un grupo independiente como el que se acordó en otras movilizaciones sociales como las de Nicaragua, Bolivia o México, recuerdan en CEJIL.
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