Tras la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por su presunta participación en política, el Consejo de Estado estudia tres tutelas que fueron impuestas en contra de esta decisión, que fue tomada por la Procuraduría General de la Nación.
Una de estas tutelas fue presentada por Javier Ibáñez, quien manifestó que por cuenta de la decisión de la Procuraduría, sus derechos políticos se vieron afectados.
Además, Ibáñez cuestionó la decisión del presidente Duque de nombrar como alcalde encargado de Medellín a Juan Camilo Restrepo, quien no hace parte del movimiento Independientes, por el cual fue elegido Daniel Quintero.
“Se presentó una vulneración de la Constitución Política y de las leyes 136 de 1994 y 1617 de 2013, así como una “[…] afrenta a la voluntad de los electores de Medellín, y manda un mal precedente a la tradición del Estado Social de derecho que goza nuestra democracia colombiana”, sostiene.
Precisamente frente a estas declaraciones, la Procuraduría, en representación del abogado Juan Camilo Polanía, presentó un concepto al Consejo de Estado, alegando que estos argumentos son personales, además de que la tutela no reúne los requisitos para ser estudiada.
“Es evidente que no le asiste al accionante, basado en apreciaciones subjetivas y motivaciones personales (…) razón por la cual se solicita declarar su improcedencia, dado que se pretende agenciar derechos ajenos”, se indica en el escrito.
Además, aseguró que la decisión del presidente Duque de nombrar a Restrepo como alcalde encargado, se basó en los preceptos legales para continuar con el funcionamiento de la Alcaldía de Medellín.
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