El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las denuncias de varios magistrados de las altas cortes que aseguran que están siendo víctimas de interceptaciones por parte del Gobierno Nacional.
A través de su cuenta en X, conocida como Twitter, se refirió a la denuncia hecha por magistrados de la Corte Constitucional.
«Desde el primer día de gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen», indicó el Jefe de Estado.
Petro recalcó que tras la realización de inspecciones a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), «se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada».
«Este gobierno no hace lo que si hicieron otros en el pasado», enfatizó el presidente Gustavo Petro en la red social.
La denuncia fue presentada por el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, quien le entregó a la fiscal una carta en la que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez denuncia que él y su esposa son “víctimas de una persecución de inteligencia estatal”.
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Presidencia abrió investigación sobre acusaciones de chuzadas
Ante las denuncias difundidas, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) informó en la mañana de este 24 de junio, que desde que se hicieron públicas las denuncias por una supuesta operación de perfilamientos e interceptaciones, se solicitó una investigación a control interno y a control interno disciplinario de la entidad.
El Dapre, en cabeza de Laura Sarabia, lo pidió con el objetivo de determinar circunstancias irregulares en los procesos y procedimientos que correspondan a las oficinas de Secretaria de Comunicaciones y Prensa y por la Dirección de Tecnología de la Presidencia de la República.
En el comunicado, dejaron claro que la Dirección de Tecnología y la Secretaría de Comunicaciones y Prensa «no incluyen prácticas como perfilamiento, seguimiento ni interceptación, todas ellas absolutamente condenables en una democracia».
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