Obras de demolición y desalojo en Bello fueron suspendidas

Para este viernes 22 de marzo se tenía previsto el desalojo y demolición de viviendas y construcciones que se encuentran en zona de alto riesgo no mitigable en el sector La Isla, barrio José Antonio Galán

La Alcaldía de Bello confirmó que fue suspendido el desalojo y demolición de esas viviendas.

Este proceso de demolición y desalojo, había notificado desde el pasado 23 de febrero, responde al acatamiento de una orden emitida por el Juzgado 26 Administrativo Oral de Medellín y el Decreto Municipal 202304000182 del 28 de abril de 2023.

¿Desde cuándo inicio este proceso?

Los antecedentes del hecho dan cuenta de un proceso legal que inició desde el año 2013.

Cuando el juzgado admitió una acción popular sustentada en la necesidad de atender la situación de riesgo en la zona.

Desde entonces, la administración municipal ha adelantado diversas acciones, entre las que se destacan la realización de estudios hidrológicos, el seguimiento a la población asentada en este lugar y la realización de informes de riesgo correspondientes.

Como parte del proceso, la administración local indicó que ha brindado a la comunidad información sobre alternativas de reubicación y requisitos para el acceso al Subsidio de Arriendo Temporal, al cual se han rehusado la mayoría de las familias asentadas en la zona.

En abril de 2023 se realizó una nueva inspección técnica por parte de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres, tras la cual se ratificó la condición de riesgo en el sector, donde 28 viviendas tienen orden de evacuación definitiva, pues se encuentran en zona de retiro de las quebradas La Madera y La Montañita.

Según los estudios de riesgo, el sector se encuentra en zona de amenaza de inundación por desbordamiento de cauces naturales. Además, en zona de riesgo no mitigable por deslizamiento en el suelo urbano, con un nivel importante de vulnerabilidad.

Sobre la situación, la Alcaldía de Bello confirmó que la diligencia seguirá suspendida mientras se da una decisión judicial sobre el recurso de tutela interpuesta por la comunidad interesada. Sin embargo, se reiteró la recomendación sobre la necesidad de demoler las viviendas, debido a las condiciones ambientales, de peligro y de riesgo identificadas en el lugar y el deber de prevenir riesgos que puedan afectar la vida de las personas.

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