El proyecto de expropiación de tierras lo hemos logrado detener dos veces. La primera cuando metieron el mico en el Plan Nacional de Desarrollo y la segunda el semestre pasado cuando logramos dilatar su discusión en la comisión primera. Ahora el gobierno busca revivirlo con un nuevo proyecto de “Jurisdicción agraria”.
El gobierno legalizaría la invasión de tierras bajo el principio de permanencia agraria. Si un invasor tiene alguna actividad que el gobierno entienda como productiva en el terreno no se podrá desalojar. Ni siquiera los jueces podrán hacerlo. Este artículo además promueve nuevas invasiones fomentando a los invasores a cultivar algo en el momento que invaden para apropiarse de la tierra.
El Gobierno quiere revivir la expropiación express que tumbó la Corte Constitucional en el Plan Nacional de Desarrollo. Un artículo establece que ya no será un juez quien determine un proceso agrario por la disputa de una tierra sino el Gobierno Nacional de turno por medio de la Agencia Nacional de Tierras.
El proyecto además establece que se protegerá al más débil en relación con la tenencia y producción agraria. Aquí la pregunta es quién determina y qué se entiende cómo el más débil. ¿El más débil es la víctima a quién le invadieron la tierra? ¿O el más débil es el invasor?
También se establecería una persecución masiva a los propietarios para expropiarlos. Se prohíbe el fraccionamiento antieconómico y la concentración improductiva del suelo. Sin embargo, no se realizan definiciones ni los criterios para determinar cuándo suceden estos fenómenos. Todo queda a discrecionalidad que le quieran dar los nuevos jueces a cargo del caso.
Y estos serán nuevos jueces superpoderosos que podrían fallar más allá de lo que pidan los demandantes. Además tendrían la posibilidad de hacer seguimiento a sus decisiones incluso cuando el proceso legal finalice.
El Gobierno quiere que todas las controversias comerciales de la cadena de producción de alimentos y demás productos agrarios terminen en manos de esta nueva jurisdicción agraria. Hoy en día ya existen jueces especializados en estos temas; es innecesaria esa jurisdicción.
Además, todas las disputas sobre carbón, petróleo y recursos naturales no renovables también terminarían en esta jurisdicción. El gobierno luego de acabar con la exploración y explotación de hidrocarburos del país, de imponer el acuerdo de Escazú, de trabar los proyectos de energía no renovables, de prohibir algunas exportaciones de carbón, de ponerle una sobretasa de renta al sector minero energético ahora buscaría darle la tocada final a ese sector para acabarlo.
El proyecto de ley además establece que primará el derecho agrario sobre el Código Civil y el Código de Comercio. Un derecho agrario que no es conocido. ¿Se viene un nuevo Código Agrario preparado por el Gobierno como nos lo dijeron los Magistrados de la Corte Suprema?.
Algo también grave del proyecto es que se presumirán como verdaderas las afirmaciones de los sujetos de especial protección. Es decir, los propietarios, inversionistas y empleadores tendrán que gastar millones en abogados para desvirtuar lo que digan los demandantes. Esto creará inseguridad jurídica. Falsas víctimas y testigos serán el pan de cada proceso.
La legislatura pasada presenté más de 81 proposiciones al proyecto. Ya nos encontramos preparando toda la argumentación judicial para que no pase esta ley que acabaría con la propiedad privada en Colombia.
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