La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, actualizó las directrices que regulan la respuesta judicial a la protesta social, en donde se ajustaron 31 puntos previamente establecidos en el gobierno de Iván Duque.
La directiva se firmó el pasado 10 de septiembre, con el fin de equilibrar el derecho a la protesta social con el manejo de posibles excesos en el contexto de manifestaciones pacíficas.
Los nuevos lineamientos introducen cuatro principios clave: el derecho y protección a la protesta, límites al poder punitivo del Estado en casos de delitos relacionados con la protesta, consideraciones estrictas para la tipificación de actos delictivos, y directrices para la investigación y judicialización de estos delitos.
Estos ajustes reflejan un enfoque más matizado hacia la protesta social, diferenciando entre actos delictivos y el ejercicio legítimo de la protesta.
Uno de los cambios más significativos es la redefinición de lo que constituye un delito durante las protestas.
La directiva establece que cerrar vías no será considerado delito, a menos que se use violencia o sustancias peligrosas para el bloqueo.
Además, se aclara que el uso de lenguaje fuerte, insultos o uso de imágenes que no exigen una acción de los servidores públicos no constituye violencia, a menos que altere significativamente la administración pública.
La directiva también modifica la forma en que se investigan y judicializan los delitos relacionados con la protesta.
Se establece que los daños a bienes ajenos y alteraciones del orden público serán investigados por la justicia ordinaria, no por la Justicia Penal Militar, y no serán tenidos en cuenta, a menos que sea en destrucción total. Es decir, se eliminará el delito de concierto para delinquir en ciertos casos.
Lea también: Anuncian desvío temporal en vías al Aeropuerto José María Córdova por obras
Este enfoque renovado responde a las críticas a la gestión de las protestas durante el estallido social de 2021, que resultó en numerosas muertes y abusos reportados.
La nueva directiva tiene como objetivo proteger a los ciudadanos que participan en manifestaciones ‘pacíficas’ y evitar represalias desproporcionadas.
Así como lo pidió el presidente Petro, la detención o privación de la libertad, será la última instancia a la que se llevará el proceso.