Resumen: Pequeños mineros del Chocó inician paro indefinido para exigir al gobierno nacional la formalización de su actividad, la regulación de la minería, y la inclusión en planes de desarrollo regional. Los manifestantes piden mesas de diálogo con actores del conflicto armado.
El 5 de noviembre de 2024, pequeños y medianos mineros del Chocó, con el respaldo de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, iniciaron un paro indefinido en varias localidades del departamento. Los municipios de Novita, Lloró, El Atrato, Tadó, Cértegui y la capital, Quibdó, se sumaron a las protestas que buscan llamar la atención del gobierno nacional sobre las necesidades de las comunidades negras, los Consejos Comunitarios y los mineros tradicionales.
Una de las principales medidas de los manifestantes ha sido el cierre de la vía que conecta Quibdó e Istmina, a la altura del municipio de El Atrato. En su pliego de peticiones, los pequeños mineros reclaman al gobierno un plan de formalización y regulación para su actividad, el cual incluya la no destrucción de las unidades de producción minera que se integren en dicho proceso. Además, exigen el cese de la estigmatización de los mineros ancestrales, a quienes consideran injustamente tratados como criminales.
Ariel Antonio Quinto Murillo, presidente de la Federación de Pequeños Mineros del Chocó, denunció que el gobierno está incumpliendo lo pactado con las comunidades tras la sentencia TSI-22, que declaró al río Atrato sujeto de derechos. Según Quinto, esta sentencia establece la obligación de crear un plan de atención y formalización antes de proceder con la destrucción de maquinaria minera. Sin embargo, lamenta que, en lugar de avanzar en la implementación de este plan, el gobierno ha comenzado a destruir las herramientas de trabajo de los mineros sin ofrecerles una alternativa de regularización.
Otro de los puntos clave en las demandas de los manifestantes es la regularización de la minería. Los pequeños mineros del Chocó afirman que la falta de espacios legales para la minería podría llevar a que muchas personas se desplacen desde el cultivo de coca hacia la explotación del oro, lo que perpetuaría la ilegalidad en la región.
“Si no hay regulación para la minería, las personas migrarán del cultivo de coca al oro. El Chocó permanecerá en ilegalidad y esto no es justo para un territorio que lleva más de 400 años trabajando la minería,” señaló Ariel Antonio Quinto.
El pliego de peticiones de los pequeños mineros ha estado en manos del gobierno nacional desde el 28 de octubre, y entre sus puntos más importantes figura la creación de una mesa de diálogo con actores del conflicto armado para encontrar soluciones pacíficas y duraderas. Además, los manifestantes exigen el reconocimiento de los Consejos Comunitarios como autoridades ambientales, para que puedan jugar un papel activo en la regulación de la minería en el departamento.
Para que el paro sea levantado, los mineros solicitan la presencia de los ministerios de Minas y Energía, Medio Ambiente, y otras entidades clave para discutir sus peticiones y establecer un plan de acción concreto. Los líderes mineros han hecho un llamado a los trabajadores del sector en todo el país a unirse a la causa, denunciando lo que consideran una “errada política minera” del actual gobierno.
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Comunicadora Social de la Universidad Católica de Oriente con énfasis en el desarrollo humano, apasionada por la radio, las letras y el periodismo judicial