Para conectar a los productores rurales de los corregimientos de Medellín con las empresas proveedoras del Estado, a nivel local, departamental y nacional, la Administración Distrital inició el Programa de Compras Públicas denominado Mercados Campesinos Institucionales, con el que se espera aumentar los ingresos de los agricultores y productores participantes en un 10 % en 2023.
“Hoy inicia nuestro nuevo canal de comercialización, el canal institucional de Mercados Campesinos a través del cual pretendemos acercar a nuestros productores de verduras, frutas, flores y diferentes transformados a empresas del sector público y privado de Medellín y de toda el área metropolitana”, dijo la subsecretaria de Desarrollo Rural, Tatiana Tobón.
El piloto comenzó con La Cocina de Luis, compañía que atiende programas de alimentación de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, con la que se cerró un negocio para la compra de cuatro toneladas de alimentos como plátano, tomates, zanahoria, papa capira y lechuga, entre otros. En septiembre, se replicará esta primera prueba con otras tres empresas.
Al cierre de 2022, la Administración Distrital espera haber comercializado más de $80 millones con esta estrategia, recursos que van directamente a los bolsillos de los campesinos y sin intermediarios. En 2023, las ventas superarán los $380 millones.
A este nuevo canal de compras institucionales también se vincula la cadena del plátano, una red de 30 productores que creó la Administración Distrital para mejorar la calidad de este alimento, con lo que se espera que los clientes obtengan un plátano que supere los estándares generales.
Medellín es la primera ciudad que acredita a sus productores rurales para que hagan parte de este canal institucional y se beneficien del proceso de Compras Públicas. Las personas interesadas en conocerlo deben escribir a mercadoscampesinosmed@medellindigital.gov.co o llamar al 6043855555, extensión 4037.
Según la Ley 2046 y el Decreto 248 de 2021, todas las empresas que celebren contratos con el Estado deben adquirir de pequeños y medianos productores al menos el 30 % del valor destinado a la compra de alimentos.
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