Bogotá, 27 jul (EFE).- Miles de habitantes del municipio colombiano de Ituango (noroeste), están atrapados entre la violencia y las torrenciales lluvias que azotan la región y que los tienen incomunicados por tierra y aire con el resto del país, a lo que se suma la posibilidad de contagios de covid-19 por el hacinamiento.
Las 4.041 personas de 1.675 familias se acomodan como pueden en siete escuelas y colegios de Ituango que, por necesidad, se han transformado en improvisados albergues para recibir a los desplazados que huyen de sus tierras por las amenazas que les hacen las disidencias de las FARC.
Los campesinos también huyen de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC con miembros del Clan del Golfo -la mayor banda criminal del país- que se disputan el control de un territorio en donde hay siembras de coca y minería ilegal, que según el Gobierno colombiano son el principal combustible de la violencia que asuela a esta parte del país.
El territorio ha ganado importancia para los grupos armados ilegales porque permite la conexión de los departamentos de Antioquia, del que hace parte Ituango; Córdoba y Chocó, y también porque permite la salida al Pacífico y al Atlántico.
El alcalde de Ituango, Edwin Mauricio Mira, achacó el desplazamiento de los campesinos a los «constantes combates de las disidencias de las FARC (con el Clan del Golfo) que se disputan el territorio, por lo que la gente busca el casco urbano».
La situación en Ituango se complica a medida que pasan las horas porque los habitantes del pueblo comienzan a sufrir desabastecimiento porque las vías están bloqueadas por derrumbes ocasionados por las lluvias que tampoco permiten la llegada de helicópteros o avionetas.
«Empezamos a sufrir desabastecimiento: no tenemos panela, no hay papa y tampoco arroz. Hay 500 familias afectadas por el invierno. Se nos juntó todo», dijo Mira a BluRadio.
El mandatario también manifestó su preocupación porque con la llegada de los desplazados aumenta el riesgo de los contagios de covid-19.
Aclaró que el municipio activó sus planes locales y que ya se han logrado vacunar a unas 900 personas, pero ahora el problema que enfrentan es que los sueros «se nos agotaron».
Isabel Zuleta, que hace parte del Movimiento Ríos Vivos de Colombia, culpó al Estado colombiano de los desplazamientos y le pidió tomar acciones urgentes para solucionar la problemática que según dijo, «no es nueva».
«Los grandes responsables del desplazamiento hoy no son los grupos criminales, es el Estado colombiano. El Estado colombiano es el responsable de las 4.000 personas que están perdiendo su patrimonio, que están perdiendo sus bienes, que se están empobreciendo cada día más a causa de un delito de lesa humanidad (desplazamiento forzado)», dijo Zuleta en una rueda de prensa.
Agregó que hasta el momento no hay ninguna persona que haya sido llevada a la justicia y condenada por los desplazamientos.
Este es el «más grande desplazamiento» en esta parte del país, situación que ya vivió el municipio en 2020 y 2019, aunque los afectados fueron menos, aseguró.
También recordó que en la actualidad en Ituango hay cerca de 900 niños y 495 adultos mayores que, al igual que el resto de la población desplazada, requieren atención por parte del Estado.
Colchonetas, ropa, comida y medicinas son las cosas que más demanda la población que no tiene posibilidad de comprarlas y porque en el pueblo tampoco las venden porque las carreteras por las que llegan los abastecimientos están cortadas por derrumbes.
Por su lado, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció en redes sociales que hasta Ituango llegarán nuevas tropas para reforzar la seguridad en ese municipio.
«Vamos a garantizar el retorno de la población a sus lugares de origen», puntualizó Molano que agregó que la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) «continuará trasladando ayuda humanitaria a la zona».
Explicó además que el Ejército transportará 40 toneladas en ayudas humanitarias para la población afectada por los desplazamientos y las lluvias.
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