Familiares y allegados de la política liberal Karina García lloran el 2 de septiembre de 2019 en Suárez, Cauca. EFE/ ERNESTO GUZMÁN JR
La violencia política que Colombia creía desterrada gracias al acuerdo de paz con las FARC regresó para las elecciones municipales y regionales del domingo en cuya campaña han sido asesinados siete candidatos y uno más está secuestrado.
Pese a que en 2018 Colombia vivió las elecciones legislativas y presidenciales más pacíficas de su historia reciente, la inestabilidad política reapareció en esta campaña con ataques a candidatos en un momento en que la implementación de la paz se tambalea y arrecian los asesinatos de líderes sociales.
La Misión de Observación Electoral (MOE) registró desde julio pasado 108 casos de violencia contra candidatos, la mayoría de ellos en zonas alejadas que antes dominaban las FARC y a las que nunca llegó el Estado después de la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016.
En departamentos como Cauca, Nariño y Chocó, en la costa del Pacífico, así como Norte de Santander y Arauca, fronterizos con Venezuela, y en la región del Bajo Cauca (Antioquia) se viven las situaciones más complejas por la presencia de bandas criminales como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros.
«Hay zonas donde este acuerdo de paz no ha permitido reducir la violencia y al contrario la ha aumentado porque estamos viendo grupos de narcotraficantes y demás que tratan de recuperar el lugar que tenían las FARC en todos los tráficos ilegales», explicó el director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, Yann Basset.
CANDIDATOS EN LA MIRA
El aumento de la violencia supone un retroceso en un país que empezaba a acostumbrarse a la política sin armas que marcó la vida nacional desde la primera mitad del siglo XX.
Las elecciones presidenciales de 2014 y 2018, así como las regionales de 2015, fueron las más tranquilas en décadas ya que el influjo de la negociación de paz con las FARC llevó a esa guerrilla y al ELN a declarar treguas, con lo cual el país se libró de ataques contra candidatos y electores, la quema de urnas y el secuestros de jurados de votación.
Según la MOE, en esta campaña tres candidatos a alcalde y cuatro a concejal han sido asesinados, mientras que otro aspirante a concejal está secuestrado desde agosto pasado en el Chocó, 12 más sufrieron atentados y a 88 los amenazaron de muerte.
El caso más grave fue el de la joven política liberal Karina García Sierra, candidata a la Alcaldía de Suárez (Cauca), que el 4 de septiembre fue asesinada a tiros dentro de una camioneta junto a cinco acompañantes, entre ellos su madre y un aspirante al concejo, y sus cadáveres incinerados, al parecer por disidentes de las FARC.
Días después también fueron asesinados los candidatos a las alcaldías de Toledo (Antioquia), Orley García, y de Tibú (Norte de Santander), Bernardo Betancurt.
Para el experto, garantizar la seguridad de todos los aspirantes en el contexto de violencia que viven algunas regiones es «algo difícil» dado el complicado acceso en muchos casos y el elevado número de candidatos, pues hay 117.822 inscritos, según la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios.
EL PODER DEL NARCOTRÁFICO
El resurgimiento de la violencia electoral esta asociado al narcotráfico, un problema en aumento en el país, con disputas de territorios entre disidentes de las FARC, el ELN y bandas criminales, lo que además ha ocasionado el desplazamiento de al menos 15.140 personas en ocho departamentos desde enero hasta el pasado 9 de octubre, según un informe de la Defensoría del Pueblo.
El propio presidente Iván Duque advirtió el pasado 21 de agosto de que los narcotraficantes quieren influir en estas elecciones mediante «alianzas macabras, oscuras y por debajo de la mesa».
«No nos digamos mentiras, en muchas regiones el narcotráfico quiere poner alcaldes, gobernadores, concejales y diputados», manifestó el mandatario.
Días antes la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) había denunciado que carteles mexicanos de la droga que están presentes en regiones como el Catatumbo y los departamentos de Cauca y Nariño, estaban poniendo dinero en campañas.
«El desafío es grande porque estamos en un proceso de consolidación territorial donde durante años hubo grandes extensiones del país en manos de la ilegalidad (…) que intentan apoderarse de escaños en alcaldías y gobernaciones», aseguró esta misma semana el procurador general, Fernando Carrillo.
LÍDERES E INDÍGENAS BAJO FUEGO
La espiral de violencia se ha ensañado con los líderes sociales e indígenas, hasta el punto de que el pasado 4 de octubre la ONU se hizo eco de la denuncia de que este año han sido perpetrados 123 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales.
La Defensoría del Pueblo calcula por su parte que más de 400 líderes sociales han sido asesinados en el país desde el 1 de enero de 2016.
Los pueblos nativos también han pagado una cuota de sangre con el asesinato de 115 de sus líderes en los 14 meses transcurridos desde que comenzó el Gobierno del presidente Duque, según denunció la semana pasada la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) documentó 24 ataques contra periodistas que cubren las campañas, dos casos más que en las elecciones locales de 2015.
Jorge Gil Ángel
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