La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha señalado a sus escoltas como responsables de permitir el transporte de disidentes de las Farc en Antioquia. Estas declaraciones se presentaron en un documento dirigido a la empresa Unión Temporal Andinos 2024.
En este comunicado, se indica que los escoltas no revisaron los listados de beneficiarios ni controlaron el armamento transportado.
La UNP solicitó a la empresa encargada de los contratos que tome medidas correctivas contra los escoltas, quienes permitieron la inclusión de personas ajenas al esquema de seguridad.
El documento también menciona una entrevista donde un escolta reveló que no recibieron listas claras de los protegidos, aunque eran conscientes de que se trataba de disidentes en proceso de negociación con el Gobierno.
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La situación ha generado controversia sobre la responsabilidad de la UNP en la supervisión de esquemas de seguridad, especialmente al involucrar a personas con antecedentes penales.
La situación resalta la crisis de control dentro de la UNP, que ha enfrentado cuestionamientos por la seguridad de figuras públicas y sus propios empleados.
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