La próxima crisis explícita: sector eléctrico

El gobierno Petro le cortó los recursos a la salud para generar una crisis y demostrar que el sistema había fracasado, obligando así a una reforma. Estamos abocados al mismo procedimiento: el país tendrá un déficit de generación de energía eléctrica en los próximos años, y el gobierno viene preparando una trama según la cual todo es causado por la participación de los privados en el sistema. El modelo estatizador del presidente Petro —que ya aplicó en los sectores de salud y pensiones— ahora apunta hacia el sector eléctrico.

La crisis eléctrica de los años 90 fue el resultado de un país donde todo dependía del Estado. El sector eléctrico era 100% público, se tenían 103 agentes y el Estado gastaba el 24% de su presupuesto en atender la energía de los colombianos. Además, representaba más de un tercio del déficit fiscal y solo generaba 8 GW de capacidad instalada. Luego del apagón, se pasó a un mercado con más competencia, y con la llegada del sector privado las inversiones alcanzaron los 30 mil millones de dólares, 298 agentes y pagos de impuestos por más de 7 billones de pesos. Hoy, el país genera 20 GW, un aumento del 150% frente a 1990.

Sin embargo, el panorama energético es preocupante. El déficit de energía eléctrica alcanzará el -3% en 2025, el -5% en 2026 y podría llegar al -12% en 2030. Desde las proyecciones del fenómeno del Niño en 2022, se pidió al gobierno nacional y a la CREG tomar medidas para atender las crecientes dificultades del sector generador. Petro decidió no nombrar comisionados en la CREG y, mediante un decreto, habilitarse para definir las tarifas él mismo. El Consejo de Estado declaró nulo dicho decreto, pero el presidente aún no nombra comisionados. El sector eléctrico lleva más de dos años sin regulaciones que ajusten el mercado a las coyunturas; estamos a la deriva.

Aunque el 68% de la generación de energía en Colombia proviene de hidroeléctricas, dependemos de térmicas (a gas y carbón) para abastecer la demanda, lo que implica un aumento en los costos. Esto no solo se debe al carbón o al gas, sino a la configuración del mercado: el 86% de la energía hidroeléctrica está contratada a largo plazo, con precios más bajos, mientras que en las térmicas solo el 4% es a largo plazo y el 96% depende del precio de bolsa, que es altamente volátil. A esto se suma que las térmicas han tenido que importar gas por la decisión del gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación.

La transición energética iniciada en el gobierno Uribe, con inversiones en biocombustibles y generación de energía solar y eólica, impulsada proactivamente durante el gobierno Duque, se ha estancado. Hay 13 proyectos detenidos por tramitología, lo que equivale a una reducción de 2.595 MW. Además, empresas como Celsia han abandonado proyectos eólicos en la Guajira por problemas de seguridad. En la tributaria, se incrementaron los impuestos al sector energético, afectando incluso a las energías alternativas, que terminaron con tributos más altos que los del carbón. Este gobierno ha ignorado al sector privado en la resolución de tensiones sociales asociadas a los proyectos y ha dificultado las consultas previas, agravando el problema. Pareciera que se deleitan con su fracaso, cuando es evidente que la falta de entrada de proyectos de energías convencionales y no convencionales pone en riesgo el sistema.

Además, el gobierno no está pagando los subsidios de energía ni apropiando los recursos necesarios para el próximo año. También eliminó los incentivos para invertir en nuevas redes de transmisión. Mientras tanto, no señalan los escándalos de corrupción en hidroeléctricas del Estado, como Urrá, donde se pierden recursos mientras allegados al petrismo acumulan fortunas. El gobierno prometió resolver el difícil asunto de la tarifa del Caribe, pero su apuesta por apropiarse de Air-e probablemente sea un mal negocio. Con el hundimiento de la tributaria, amenaza con no asumir la opción tributaria, aunque ya no es necesario, pues termina de pagarse en diciembre. Todo el sistema está en dificultades: generadores, transmisores, transportadores y comercializadores privados de energía. Y el gobierno, en lugar de planear mecanismos para mejorar, parece centrarse en tomar el control total del sector a través del Estado.

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