Resumen: La Alcaldía de Medellín intensifica operativos contra construcciones ilegales en 15 comunas, logrando recuperar 17,915 metros cuadrados de espacio público. Destacan la demolición en La Asomadera y los esfuerzos por asegurar la seguridad en zonas de riesgo.
La alcaldía de Medellín continúa intensificando sus operativos contra las construcciones ilegales, en 65 puntos críticos en 15 comunas. Con el fin de recuperar el espacio público.
Hasta la fecha, las autoridades han logrado recuperar 17,915 metros cuadrados de espacio público mediante un enfoque técnico y social.
Recientemente, uno de los procedimientos fue la demolición de una vivienda ubicada en una zona de alto riesgo en La Asomadera.
Esta intervención forma parte de una estrategia que aborda las construcciones ilegales que se han aumentado en áreas peligrosas.
Estas edificaciones estarían en cercanías a cables de alta tensión, laderas inestables, ríos y zonas de conservación ambiental.
“Hemos observado que en todas las comunas existen construcciones irregulares que ponen en riesgo la vida de las personas. Un caso crítico es el de La Asomadera, donde hemos tenido que actuar con toda la institucionalidad debido a los conflictos y alteraciones del orden público que surgen cada vez que nuestro personal llega al lugar”, afirmó Juan Manuel Velásquez, secretario de Gestión y Control Territorial.
Hasta el momento, se han emitido 1,200 informes técnicos sobre edificaciones ilegales.
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El equipo psicosocial de la Alcaldía trabaja en terreno para sensibilizar a la comunidad, informar sobre opciones habitacionales legales y prevenir la adquisición de lotes mediante grupos delincuenciales.
“Queremos que los ciudadanos entiendan que construir una Medellín segura y ordenada es una responsabilidad compartida”, agregó el secretario.
Empresas Públicas de Medellín (EPM) recordó que las construcciones deben mantener al menos 10 metros libres a ambos lados de las redes y torres de transmisión de energía.
Además, se debe evitar la siembra de árboles debajo de estas infraestructuras para garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos.
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