La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctimas del conflicto armado colombiano al senador de izquierdas Iván Cepeda y a su hermana María, en el caso abierto por el genocidio contra el partido Unión Patriótica (UP), informó este martes el alto tribunal.
La decisión la tomó la Sala de Reconocimiento de la JEP por el asesinato hace 25 años del padre de los Cepeda, el senador Manuel Cepeda Vargas, en la época uno de los líderes de la UP.
«Es una decisión trascendental. Llevamos más de 25 años trabajando para que haya justicia plena en el caso del asesinato de mi padre, el senador Manuel Cepeda, y confiamos plenamente en que la JEP puede ser la instancia de verdad y de justicia para este caso», dijo Cepeda a Efe.
El 9 de agosto de 1994 el automóvil en que viajaba Cepeda Vargas, una de las caras visibles de la UP, fue emboscado en una calle del barrio bogotano de Mandalay por sicarios que asesinaron a tiros al político.
La UP había sido creada en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente colombiano, Belisario Betancur, con la guerrilla de las FARC, pero en los años siguientes ese partido fue víctima de un genocidio en el que fueron asesinados cerca de 5.000 de sus militantes, incluidos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990).
ASPIRACIÓN DE JUSTICIA Y VERDAD
Cepeda, que es uno de los copresidentes de la Comisión de Paz del Senado y miembro del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), recordó que por el asesinato de su padre fueron condenados dos suboficiales del Ejército colombiano y ahora aspira a que la JEP aclare quiénes están detrás de del crimen.
«El 9 de agosto de 1994 mi padre fue asesinado por un grupo mixto conformado por sicarios paramilitares y miembros del Ejército nacional. De ellos, dos suboficiales del Ejército fueron condenados pero no hemos sabido hasta hoy quiénes ordenaron ese asesinato», subrayó.
Según Cepeda, uno de los líderes de la oposición colombiana, en la JEP está en trámite una solicitud de José Miguel Narváez, exsubdirector de la policía secreta de Colombia, quien «fue acusado por el jefe paramilitar alias ‘Don Berna’ de haber sido el intermediario entre elites políticas y militares de este país y grupos paramilitares para ordenar este crimen».
Diego Fernando Murillo, alias «Don Berna», fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 junto a otros 13 antiguos jefes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por seguir delinquiendo luego de dejar las armas tras el acuerdo firmado cinco años antes con el Gobierno.
«Espero que el señor Narváez cumpla con su deber de verdad y que podamos conocer muy pronto todo lo que tiene que ver con este caso y cómo se articula con el genocidio de la Unión Patriótica», apostilló Cepeda.
VÍCTIMAS DE LA UP ANTE LA JEP
En marzo pasado la JEP acreditó como víctima al partido UP en un caso que investiga la «victimización de miembros» de ese movimiento «por parte de agentes del Estado».
La JEP es un tribunal creado por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC para juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.
Según la Fiscalía colombiana, 1.620 dirigentes, militantes y simpatizantes de la UP fueron victimizados desde 1984, pero la Corporación Reiniciar, que representa a la UP, y el Centro Nacional de Memoria Histórica coinciden en que se trata de más de 6.000 víctimas.