La Paz, 15 feb (EFE).- La Justicia de Bolivia recibió "638 causas nuevas" desde que rige la polémica prórroga de los magistrados de las principales cortes del país, y según dijo este jueves el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, de no haberse dado la ampliación de su mandato existiría un "estancamiento" en estos procesos.

Las causas se contabilizan desde el pasado 2 de enero, cuando comenzó la ampliación del mandato de las altas autoridades judiciales, una cantidad que habría quedado "estancada (o) archivada si es que no habría habido la continuidad de labores dispuesta por el Tribunal Constitucional", aseguró Jaimes.

El presidente del TSJ añadió que también a esa instancia llegaron "953 memoriales presentados por ciudadanos con relación a estos casos" y que son "una muestra clara y concreta de la afectación que podría existir" si es que los magistrados hubiesen detenido su trabajo.

La prórroga

En diciembre pasado, los jueces del Constitucional ampliaron su mandato junto al de los magistrados y consejeros de las principales cortes del país para evitar un "vacío de poder", hasta que se realice una nueva elección judicial.

Los comicios para elegir a los magistrados de los principales tribunales del país debían celebrarse en 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, mientras se discute una nueva convocatoria en el Legislativo.

La ampliación del mandato de los magistrados fue rechazada por los opositores y por el ala "evista" del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que respalda al expresidente Evo Morales (2006-2019), por lo que estos últimos convocaron a un bloqueo de caminos, que duró 16 días, para que se llamen a las elecciones judiciales.

Ante esto, una comisión multipartidaria trabajó en un acuerdo para el diseño de un proyecto de ley que llame nuevamente a los comicios, que finalmente fue promulgada por el presidente Luis Arce.

El pacto también incluía dos leyes para cesar de sus funciones a los magistrados que prorrogaron sus funciones, mientras que el Gobierno condicionó esto a la aprobación de siete créditos externos que estaban paralizados en el Legislativo.

Polémica y protestas

La oposición y el bloque "evista" del oficialismo, en la Cámara de Diputados, acusaron al Gobierno de "romper" el acuerdo al anteponer la aprobación de los créditos a la discusión de las dos leyes, por lo que la sesión de la anterior semana quedó pospuesta sin fecha.

En tanto, el Legislativo continuó el trabajo de la convocatoria pública para los postulantes a los principales cargos de la Justicia que debe aprobarse este viernes en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados.

Por su parte, el sector "evista" llamó a una reunión el próximo 23 de febrero para definir "nuevas medidas de presión" como bloqueos y otras protestas, ante lo que se consideró es una violación al acuerdo de parte del Gobierno.

Este jueves, un sector afín al Gobierno inició un bloqueo de caminos en la ruta entre los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz para exigir la aprobación de un crédito para la construcción de una carretera y que forma parte del paquete paralizado en el Parlamento.

Por: EFE

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