La corrupción: el único “logro” en el Gobierno del Cambio

La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad nacional, una bandera que unifique a toda la sociedad colombiana. Uno de los principales retos para el próximo gobierno será convocar a un gran pacto contra la corrupción, que comprometa a todas las instituciones y sectores del país. Las denuncias constantes sobre actos corruptos han pasado a ser parte del paisaje nacional, con un sistema judicial lento y una impunidad que crece de forma desmedida, tal vez, sea hora de considerar medidas más drásticas, como procedimientos expeditos para casos específicos de corrupción, acompañados de la muerte política para los gobernantes y políticos que sean condenados.

En este contexto, el autodenominado “Gobierno del Cambio”, con 29 meses en el poder, ha demostrado ser un fracaso sin precedentes. Su balance no podría ser más alarmante: una larga lista de escándalos de corrupción que han salido a la luz pública, mostrando una descomposición institucional profunda y transformando las esperanzas de cambio en decepciones; quienes alguna vez creyeron en esta promesa hoy forman parte de los llamados Petro-arrepentidos.

El presidente Petro, que llegó al poder bajo el compromiso de erradicar la corrupción, parece haber olvidado completamente esa promesa, como tantas otras, incluida la de mejorar las condiciones en La Guajira. En lugar de transparencia y ética, su administración se ha visto envuelta en irregularidades, manejos cuestionables de los recursos públicos y dudosas alianzas políticas para asegurar una agenda legislativa que no responde a los intereses de los colombianos.

Uno de los escándalos más notorios es el de las maletas de dinero vinculadas a Laura Sarabia, un episodio que reveló la existencia de miles de millones de pesos sin justificación. A esto se suman los audios de Armando Benedetti, las acusaciones contra el Clan Torres por beneficiarse de contratos estatales para sus empresas y las graves irregularidades en la financiación de la campaña presidencial. Entre estas, destaca la presunta entrada de dinero de origen dudoso, incluyendo aportes de narcotraficantes y algunos clanes políticos. Además, el Consejo Nacional Electoral investiga una posible violación de topes de gasto en la campaña.

Más escandaloso aún fue el reconocimiento del propio hermano del presidente, quien admitió que se negociaron un millón de votos en cárceles para favorecer la elección de Petro, lo cual, no solo socava la legitimidad del actual gobierno, sino que representa un golpe brutal a nuestra democracia.

La corrupción parece haberse institucionalizado en el actual gobierno. Casos como los del Fondo Nacional del Ahorro y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres han mostrado una preocupante tendencia: contratos entregados a dedo, sobrecostos millonarios y alianzas con congresistas para garantizar respaldo a las reformas gubernamentales.

El nepotismo y el amiguismo tampoco han faltado. Nombramientos como el de Sebastián Guanumen como embajador en Chile, o el controvertido rol de Armando Benedetti en la FAO, y ahora como asesor presidencial, son prueba de que la ética se ha relegado.

Los escándalos también han tocado la mal llamada “Paz Total”, que en lugar de reconciliar al país, ha sembrado mayor incertidumbre. La designación de paramilitares como gestores de paz y la suspensión de órdenes de captura contra guerrilleros refuerzan la percepción de un gobierno que prioriza su narrativa ideológica por encima de la legalidad y el bienestar ciudadano. A esto se suman los constantes ataques a la prensa, la glorificación de símbolos guerrilleros como la bandera del M-19 y un discurso polarizador que solo profundiza las divisiones entre los colombianos.

Cada nuevo escándalo golpea de manera devastadora la confianza en nuestras instituciones. Desde el uso indebido de recursos públicos, hasta la manipulación de las entidades estatales para favorecer intereses políticos. El gobierno de Gustavo Petro ha demostrado que su supuesto “cambio” no es más que una excusa para perpetuar las mismas prácticas que prometió erradicar.

Estos no son hechos aislados, constituyen un patrón sistemático que carcome las bases democráticas de nuestro país. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para cualquier democracia, y es nuestro deber exigir que el gobierno los respete.

La democracia colombiana requiere acciones contundentes y respeto por las instituciones. No podemos permitir que el poder se utilice como un instrumento para enriquecer a unos pocos mientras se desmantelan los derechos y libertades de todos. El cambio prometido por Petro se ha convertido en un comején que carcome los cimientos de nuestra República.

Desde el Partido Centro Democrático seguiremos siendo la voz de millones de colombianos que hoy sienten que el cambio prometido, no solo no llegó, sino que nos ha llevado en dirección contraria.

Al cierre de 2024, se habían reportado cerca de 100 escándalos de corrupción en este gobierno. ¿Y qué ha pasado? Nada. La señora fiscal, más conocida como “fiscal de bolsillo”, brilla por su pasividad y su silencio cómplice frente al gobierno que la eligió.

Colombia merece más. Colombia merece justicia, transparencia y un gobierno que sirva a su gente y no a los intereses de unos pocos.

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