Con la prudencia que demanda el asunto, consideramos que la JEP es un tribunal creado a la medida de las antiguas FARC. Su inoperancia ha sido proverbial toda vez que, transcurridos 8 años, no ha proferido su primera sentencia. Ello es sencillamente inaudito en un esquema de justicia transicional, puesto que sus alcances han sido nulos, lo cual es proporcional a su incapacidad para materializar las promesas del acuerdo de paz.
La JEP como organismo colegiado no tiene un norte claro, dado que cada uno de sus magistrados actúa como un ente aparte, pues no hay consonancia, convergencia, coherencia y consistencia entre aquellos. La falta de compromiso de la JEP ha hecho eco en Colombia, en tanto los actores del conflicto armado continúan esperando algún pronunciamiento relevante. ¿Hasta cuándo?
Al respecto, nos preguntamos: ¿Es aquella una conducta idónea por parte de un tribunal de paz? ¿Cuáles son los parámetros legales que están aplicando los magistrados de la JEP para llevar los casos? ¿Por qué no actúan con celeridad y unidad? ¿Cuál es la razón de su división e inoperancia?
No siendo menos grave, ¿De aquí a cuándo a un tribunal de justicia transicional, que se supone debe ser autónomo, imparcial, ecuánime e independiente le tienen que dar instrucciones para desarrollar su función? Según ello, ¿La JEP actúa libremente o está coaccionada? ¿A qué se refería el expresidente Santos cuando cuestionó la JEP- que él mismo diseñó- dizque por su “actitud maximalista”?
La realidad es clara: la JEP ha servido para poco y muchos lo advertimos desde su inicio. Quienes crearon ese parapeto están observando los pésimos resultados de su “innovación” y ahora no han encontrado mejor oficio que criticar lo que ellos mismos crearon. ¡Qué descaro!
Tampoco es factible hablar de paz total cuando no se ha cumplido lo pactado en el acuerdo habanero. De allí la ambivalencia de Petro y la molestia de Santos. A ninguno de los dos les sirve lo que acontece. El propósito superior de La Paz se les salió de las manos.
El problema con la JEP es de fondo en la medida en que se trata de un tribunal que carece de plena legitimidad. ¿Por qué? Por dos razones elementales: porque fue elaborado vulnerando el resultado del plebiscito de 02 de octubre de 2016, y, porque- más grave aún- sus actuales magistrados padecen una ineptitud rampante. Prueba de ello son sus displicentes actuaciones. La cuestión es objetiva.
No obstante lo anterior la JEP ya es una realidad y, en nuestra opinión, el plan debería consistir en reformar la misma en dos aspectos sustanciales: el primero, delimitar de manera clara y concisa sus alcances en materia de justicia transicional. El segundo, reemplazar el 90% de sus integrantes por verdaderos juristas. Dicho tribunal requiere juristas de vasta experiencia, probos, idóneos y eficientes en su función; lo que no ha tenido hasta tanto.
La JEP no ha pasado la prueba, por ello le apremia tomar acción.
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