Este miércoles, 4 de diciembre, se debate en la Asamblea de Antioquia la propuesta del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de implementar un impuesto de seguridad, cobrada a través de la factura de energía, como medida para fortalecer la seguridad en el departamento.
La iniciativa, que busca recaudar $1.2 billones de pesos, ha generado un ambiente de tensión política y económica, con fuertes críticas de sectores empresariales y de la oposición.
A pesar del apoyo de al menos 100 alcaldes, la propuesta ha sido rechazada por muchos diputados, entre ellos Luis Peláez, quien anunció que interpondrá una tutela y una demanda por lo que considera una imposición acelerada sin una discusión técnica adecuada.
«Este impuesto afecta a los gremios, a la comunidad y a los mismos diputados que apoyaron al gobernador», afirmó Peláez.
El debate se centra en los detalles de la viabilidad jurídica de la propuesta del impuesto de seguridad, que afectaría a los estratos 4, 5 y 6.
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El diputado Jonathan Roldán defendió la posibilidad de implementar el cobro, argumentando que EPM ya aplica una medida similar en el Valle del Cauca.
Con el ambiente polarizado, el futuro de la propuesta sigue en vilo, a la espera de la decisión de los 26 diputados de la Asamblea.
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