Fueron tantos los compromisos del presidente Juan Manuel Santos en su campaña de reelección, que dicen que no hay otro colombiano más endeudado que el propio mandatario. Y es que las dificultades económicas y fiscales del Gobierno serán de tal magnitud durante el próximo cuatrienio, que tendrá que recurrir a la estrategia de enajenar activos del Estado. Tal como lo intenta actualmente con la participación mayoritaria de la empresa de energía Isagen.
Mauricio Restrepo
La decisión de subastar Isagén se sustentó con el pretexto de que la propiedad de la nación en la generación de electricidad dejó de ser un asunto estratégico por la madurez del sector energético, que dispone de una regulación y la concurrencia de una gran variedad de empresas oficiales y privadas, que le aportan solidez y crecimiento.
Ahora, con ese mismo argumento, no se descarta que la prioridad del gobierno de concentrar gran parte de los recursos en las autopistas de cuarta generación, tenga en la mira la subasta de algunas electrificadoras regionales. También se presume que acudirá a la venta de ISA, la mayor transportadora de energía de América Latina, incluidas sus filiales.
Lo anterior no sería de extrañar. Pues solamente las vigencias futuras comprometidas para las autopistas de la prosperidad suman cerca de 22 billones de pesos. La propuesta del Gobierno es invertir en total 47 billones en concesiones de cuarta generación. También tendrá que hacer cuentas para financiar los sistemas de transporte masivo, y las vías secundarias y terciarias.
Igual se espera que el Gobierno tenga que recurrir a la venta de una mayor participación de Ecopetrol, como lo advirtió recientemente la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, sobre la necesidad que habrá de enajenar un 10% adicional de la estatal petrolera para enfrentar los gastos de la inversión nacional en salud e infraestructura vial.
Pero además de eso, requeriría de una reforma tributaria descomunal en la que podría recaudar, por lo menos, 25 billones de pesos. Y es que solo para pagar lo que cuestan las 300 mil viviendas gratis que prometió el candidato presidente se requieren cerca de 12 billones de pesos, recursos que aún no tienen ningún sustento en las finanzas públicas.
Pero sin duda alguna la gran deuda que hoy tiene el presidente Santos con los colombianos es la seguridad ciudadana. Colombia es el país más conflictivo de América Latina de acuerdo con el índice de paz elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. Organismo independiente que sitúo al país en la posición 150, entre un grupo de 162 países. Violencia que el mismo instituto estimó les arrebata anualmente a los colombianos más de 95 billones de pesos.
Por eso no se descarta que la Dian adopte medidas para aumentar la tributación hasta una cifra cercana a los 115 billones de pesos, dentro de las cuales se contemplaría el nuevo estatuto anti contrabando y el aumento al pago del impuesto al patrimonio, que les costaría a los contribuyentes cerca de siete billones de pesos para dar paso al cumplimiento de lo prometido. mauriciorg@une.net.co