El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sigue empecinado en cobrar un impuesto a los servicios públicos de los habitantes de Antioquia, con el fin de conseguir recursos para financiar la seguridad del departamento.
Esta idea no ha calado bien en Medellín, que sería la ciudad que más cargaría con este impuesto, al ser la zona con más estrato 4,5 y 6 del departamento. Sin embargo, más allá de lo económico, EPM ya habría dado un concepto desfavorable, asegurando que no sería legal realizar dicho cobro.
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Pese a esto, desde la Gobernación la perspectiva es diferente, pues Martha Patricia Correa Taborda, secretaria general de Antioquia, indicó que «se declara exequible por los cargos revisados en el artículo 12 de la ley 2272 en el entendido de que la autorización del tributo allí contenida aplica a todos los departamentos y municipios».
Esta situación continúa generando polémica en el departamento debido a la falta de gestión del gobernador por gestionar los temas de seguridad con el gobierno nacional, y preferir imponer un nuevo impuesto que ahogue más las finanzas de los ciudadanos.