Fiscal que participó en fiesta disfrazada de ELN en Antioquia será investigada por faltas éticas

Una grave controversia estalló en Antioquia después de que la fiscal Martha Lilian Calderón fuera grabada participando en la fiesta de Charán de la ganadería en el municipio de Santo Domingo, disfrazada de guerrillera del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La funcionaria, quien se paseó a caballo por las calles del municipio con brazalete y pañoleta del grupo armado, ahora enfrentará una investigación disciplinaria por su comportamiento.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de su Seccional de Antioquia, abrió el proceso de investigación contra Calderón, tras ser grabada por ciudadanos y difundida en redes sociales. Según el comunicado oficial, la investigación se inició por «presuntamente incurrir en la conducta consagrada en el numeral 6 del artículo 154 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia», la cual hace referencia a actos que minan la confianza pública y comprometen la dignidad del sistema judicial.

El presidente de la Comisión, Alfonso Cajiao, explicó que la decisión se tomó debido a la «contundencia de las imágenes» que muestran a la fiscal usando símbolos del ELN, un grupo al margen de la ley. Ante la evidencia y la circulación de las imágenes, hemos ordenado la compulsa de copias para que nuestra seccional en Antioquia verifique

Martha Lilian Calderón es asistente de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Santo Domingo. La funcionaria se hizo viral en redes sociales luego de aparecer en un video participando en una cabalgata festiva, vistiendo un disfraz alusivo al ELN. En el desarrollo de la fiesta, Calderón se desfiló a caballo por el pueblo, causando sorpresa entre los asistentes.

La Policía intervino al ser alertada sobre el uso de los emblemas del grupo guerrillero, y la fiscal fue detenida y multada con dos comparendos por contravenir el Código de Convivencia. El alcalde de Santo Domingo, Fabio Ignacio Mira, rechazó el acto, manifestando que los habitantes del municipio no vieron con buenos ojos la acción de la funcionaria. «La administración y las autoridades hicieron un llamado para que se retirara la insignia, pero la funcionaria hizo caso omiso», comentó el alcalde.

A pesar de la controversia, Calderón defendió su comportamiento, asegurando que no estaba cometiendo ningún acto ilegal. Sin embargo, la Comisión de Disciplina Judicial evaluará las implicaciones éticas de su conducta, lo que podría resultar en sanciones adicionales si se confirma que su actuar comprometió la confianza pública en la Fiscalía.

Este incidente ha generado un debate sobre los límites del comportamiento de los funcionarios públicos y la responsabilidad ética de los empleados del Estado, especialmente en momentos de alta sensibilidad política y social como los que atraviesa Colombia.

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