Fico Gutiérrez anuncia la ocupación de bienes usados para explotación sexual infantil en el Valle de Aburrá

Resumen: Fico Gutiérrez anuncia la ocupación de 9 propiedades en el Valle de Aburrá utilizadas para la explotación sexual infantil. La acción es el resultado de una colaboración entre la Fiscalía, la Policía Nacional y agencias internacionales.

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La estrecha colaboración entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Embajada de Estados Unidos y la Agencia Investigativa HSI ha llevado a la ocupación con fines de extinción de dominio de 9 propiedades en el Valle de Aburrá, que se utilizaban para la explotación sexual de menores de edad.

Desde la Alcaldía de Medellín, se ha contado con un equipo de profesionales dedicados que han trabajado incansablemente en estas investigaciones durante meses.

Estos resultados reflejan el esfuerzo conjunto de todas las autoridades competentes para proteger a los niños, niñas y adolescentes.

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Los inmuebles, que incluían residencias y propiedades alquiladas a través de plataformas de estadías cortas, fueron utilizados para perpetrar delitos graves contra la libertad sexual de menores. El valor total de estos bienes es de aproximadamente $10.500 millones de pesos.

La Fiscalía ha impuesto medidas cautelares sobre estos predios, y las investigaciones han revelado delitos como explotación sexual y comercial de menores, proxenetismo, acceso carnal violento y suministro de sustancias a menores.

Federico Gutiérrez ha señalado que estas acciones forman parte del compromiso de la administración contra la explotación sexual y comercial, así como la trata de personas.

Las investigaciones, que siguieron a capturas clave de individuos involucrados en estos delitos, han mostrado que entre los usuarios de estos inmuebles se encontraban ciudadanos estadounidenses, un ciudadano chino y siete colombianos.

Entre ellos se identificó a personas como Brando Seth Wood y Richard Vincent Opalinski, quien registró 65 entradas a Colombia con el objetivo de contactar menores a través de redes sociales. Además, se descubrió que uno de los procesados obligaba a menores a consumir sustancias como 2C y metanfetaminas que él mismo fabricaba. Dominick A. Divicenzo, otro implicado, fue sentenciado a 15 años de prisión por delitos similares.

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Para concluir, el mandatario local afirmó: «Nuestro mensaje es claro: la vida y la integridad de nuestros niños y niñas son lo primero. No habrá tolerancia para quienes cometan estos crímenes. ¡Ni lo intentes, es un delito! Continuaremos luchando con firmeza contra estos depravados y criminales.»

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Laura Martínez

Comunicadora Social de la Universidad Católica de Oriente con énfasis en el desarrollo humano, apasionada por la radio, las letras y el periodismo judicial

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