Falta menos de lo que hemos soportado

Sí, por fortuna, tan solo faltan 22 meses para que termine el remedo de gobierno de Gustavo Petro, pero el daño que ha causado a la nación, es grande, grave y cuantioso, por lo que se necesitará mucho tiempo para rectificar el camino y para regresar al sendero de la seguridad, el progreso y el desarrollo.

Si bien el balance del gobierno Petro en cuanto a sus redentoras reformas, es precario y más que eso, paupérrimo, el perjuicio que ha provocado a la república en materia de seguridad y pérdida de gobernabilidad territorial, así como a la economía en general, es serio y manifiesto.

Con excepción de sus corifeos, de sus obsecuentes ministros, de sus serviles funcionarios, de sus corruptos contratistas y, al parecer, de algunos desvergonzados congresistas, es difícil identificar algún sector que se haya visto favorecido con su gestión.

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El deterioro de la situación social, fiscal y económica del país, es gradual, escalonado y progresivo, y no se advierte el menor asomo de quererse conjurar y menos abatir. La incompetencia, la improvisación y la torpeza, son la impronta del funesto Gobierno Petro; un gobierno, progresivamente regresivo y destructor.

Ahora bien, si se revisa en detalle la suerte que corrieron en la pasada legislatura las publicitadas reformas ofrecidas por Petro, encontramos que, de la Tributaria, una de las mayores y nuevas fuentes de recaudo como son las regalías, las que se pretendía que no fueran deducibles de renta, fue declarada inconstitucional; y, de esa misma reforma, igual suerte puede correr el impuesto al patrimonio, siendo muy probable que, en las próximas semanas, la Corte Constitucional, lo declare inexequible, con lo que la reforma quedaría diezmada.

En cuanto a la Reforma a la Salud, bien se sabe que fue archivada, y que de nuevo se presentó sin modificación alguna, siendo previsible que definitivamente fracase, a pesar del asedio al que el Gobierno ha sometido, tanto a congresistas como a varias EPS.

La crisis del sector salud es aguda y agónica, y el Gobierno sigue sin acatar la orden impartida por la Corte Constitucional de pagar el cuantioso pasivo acumulado y de indexar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Sobrecoge y enluta que sigan muriendo colombianos por falta de medicamentos, y que el ministro y el superintendente de salud, sigan tan festivos, campantes y desafiantes.

A su vez, la Reforma Pensional tiene las horas contadas, dada su abierta inconstitucional por vicios insanables de trámite, forma y unidad de materia, así como por inobservancia de los principios de Consecutividad e Identidad Flexible, sin mencionar tantos adefesios más y la grotesca forma en que fue aprobada.

No siendo poco lo anterior, el Congreso objetó el proyecto de Presupuesto General de la Nación que presentó Petro, por desbalanceado e inejecutable, y, por no atenderse la objeción, no lo aprobó, siendo predecible que difícilmente se podrán recaudar los tributos en él aforados de manera irresponsable y aventurada.

También, en materia económica, fiscal y financiera, difícil, muy difícil será que el Congreso apruebe el proyecto de la nueva Reforma Tributaria, solapada bajo el nombre de Ley de Financiamiento, con la que el Gobierno pretende recaudar 12 Billones en nuevos impuestos, y cuyos efectos serían recesivos, confiscatorios e inflacionarios y, además, aumentarían la informalidad, el desempleo, la evasión y, por ende, el déficit fiscal.

Pero lo peor de este descuadernado proyecto, es que parte importante de los tributos que se proyectan captar, son inciertos, en razón a que corresponden a una contribución impositiva que en la actualidad es objeto de escrutinio constitucional, como es el confiscatorio Impuesto al Patrimonio.

Y que decir del proyecto de Reforma Laboral, que destruiría empresas y empleos, y aumentaría el desempleo y la formalidad, por lo que también es probable que el Congreso lo hunda, y en su lugar, el próximo Congreso que sea elegido, a iniciativa propia o del nuevo gobierno, se de cumplimiento a lo ordenado en el artículo 53 de la Carta que establece: “El Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo”.

Petro también tuvo grandes tropiezos en la expedición de varios actos administrativos, como sucedió con cinco (5) decretos mediante los que pretendió de manera inconstitucional, adoptar medidas frente a la declaración del estado de emergencia en el Departamento de la Guajira.

En materia de acciones de tutela a Petro le ha ido peor. Lo tutelaron, entre varias, por irrespetar, maltratar y calumniar a los ciudadanos que masivamente le gritaron y le siguen gritando “Fuera Petro”. Su retractación fue hipócrita, elusiva y hasta burlona.

De igual manera fue tutelado y conminado a retractarse, por calumniar a la familia Vargas Lleras, al endilgarle sin fundamento alguno, las dificultades financieras que ha afrontado la Nueva EPS.

No tardará en que también se le condene a retractarse, por llamar a varias periodistas “Muñecas de la Mafia”.

Además, le negaron la tutela que interpuso por medio de sus alfiles, contra el Consejo Nacional Electoral, en relación con la competencia de este organismo para investigar la financiación de su campaña presidencial.

También, le acaban de inadmitir otra acción de tutela, con la que intentaba dilatar el pronunciamiento que, al parecer, hará el CNE esta semana, bien para disipar el manto de duda que se cierne sobre la legitimidad de su elección e investidura, o bien, para que se pruebe que su campaña sobrepasó la suma autorizada por la ley, y, de ser así, la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes con base en esa demostración contable, ahora sí, y de inmediato, presente ante el Senado una acusación formal contra Petro por indignidad, derivada de la violación probada de la ley, y así, se dé cumplimiento a lo establecido en los artículos 109, 174 y 175 de la Constitución Nacional; en el artículo 21 de la Ley 996 de 2005 contentiva del Reglamento de la Elección del Presidente de la República, y; en la Sentencia C-1153 de 2005 de la Corte Constitucional en la que precisó: “La pérdida de la investidura presidencial procede por ostensible y gravísima violación del régimen de financiación de campaña.”

Tampoco tardará que se declare la nulidad de varias actuaciones de su parodia de gobierno, como fueron las intervenciones a varias EPS con falsa motivación, así como la perversa y repudiable circular externa de la Superintendencia de Salud, la que abusivamente pretende regular cirugías que causan efectos irreversibles en menores y los expone a tomar decisiones para las que no están preparados, desconociendo, tanto la patria potestad como la custodia que por mandato de la ley ejercen sobre ellos los padres.

Sobre este delicado asunto considero que, así como la ciencia reconoce los errores de la genética y se respetan los gustos, las inclinaciones, e inclusive, los vicios sexuales de algunos, se exige respeto por los niños y sus padres.

Todo lo anterior demuestra, cómo le ha ido de mal a Petro, en materia legislativa, administrativa y judicial, y eso que se ha salvado, de varias reconvenciones, tutelas y acusaciones, entre ellas, por irrespetar y ultrajar sin consideración alguna, a magistrados, jueces, empresarios, periodistas y medios de comunicación, así como por llamar “nazi” a todo aquel que se atreva a confrontarlo, como sucedió con la senadora María Fernanda Cabal, con quien además, de irrespetarla, agredirla y estigmatizarla, se ha comportado como un auténtico patán.

Entre tanto, Petro no deja de dar muestras de insuperable charlatán y fanfarrón, por lo que sobrecoge que aún haya ingenuos, incautos o desinformados, que crean en sus desvaríos, alucinaciones y obtusas ocurrencias.

Por fortuna, ya queda menos de lo que lo hemos soportado, si es que los honorables Magistrados del Consejo Nacional Electoral y el Congreso de la República, no cumplen sus obligaciones legales a riesgo de incurrir en prevaricato.

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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

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