La Paz, 22 nov (EFE).- Cuatro exjefes militares se declararon culpables este miércoles, en un proceso abreviado por el caso denominado 'golpe de Estado I', en el cual se les acusaba por la crisis política que vivió Bolivia en 2019.
Los sentenciados son los excomandantes de la Armada boliviana Palmiro Jarjury; de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros; el excomandante del Ejército, Jorge Mendieta y el exjefe del Estado Mayor, Flavio Arce.
Eusebio Vera, abogado de Terceros y Jarjury, indicó a los medios que en la audiencia los cuatro renunciaron a un "juicio oral público", por lo que se sometieron a un juicio abreviado, lo que supone una admisión de culpa, a tres de ellos se les condenó a dos años de prisión.
Mientras el excomandante de la Fuerza Aérea Gonzalo Terceros fue condenado a tres años de presidio, indicó Vera.
Los exjefes militares fueron investigados por los delitos de encubrimiento, asociación delictuosa, uso indebido de bienes y servicios públicos, entre otros, por los sucesos en 2019, que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
Agregó que los militares cumplieron con la detención preventiva y que prácticamente cumplieron con su pena.
Por su parte, Jorge Nina, el abogado de la parte querellante, manifestó que esta sentencia marca un precedente de que los militares "no deben deliberar y que deben mantenerse en su rol de mandato constitucional de garantizar un Gobierno democráticamente electo".
Agregó que espera que se agilice el proceso en contra de otros investigados como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien está en una cárcel en el altiplano de La Paz, y la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, que también está en una cárcel de mujeres paceña.
El año pasado Terceros y Jarjury fueron sentenciados a tres años de prisión en otro proceso abreviado por el caso 'golpe de Estado II' por haber facilitado el traslado de Áñez desde un aeropuerto en la ciudad vecina de El Alto hasta La Paz, un día después de la dimisión de Morales, y de toda su línea de sucesión.
Áñez fue condenada el año pasado a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución cuando asumió el poder en 2019 en medio de la crisis, una investigación por el caso denominado 'golpe de Estado II'.
El oficialismo sostiene que la dimisión de Morales fue producto de un supuesto golpe de Estado, mientras que sus detractores aseguran que fue consecuencia de las denuncias de un presunto fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de 2019, luego anulados.
Por: EFE