Estatizar la educación en Colombia

El gobierno nacional decidió que, para 2025, el número de créditos educativos del ICETEX se reducirá en 60 mil. Solo abrirá convocatoria para unos 6 mil créditos.

La alternativa serían los bancos comerciales, con tasas más altas y no condonables. El ICETEX ofrece las tasas de interés más bajas del mercado. En 2023, el benchmarking mostró que los créditos a largo plazo tuvieron una tasa del 9,28% e.a., mientras que en bancos comerciales estaban entre el 16,2% y el 23,2%.

Miles de estudiantes no podrán acceder a universidades privadas. Con esto, el gobierno cercena el derecho a elegir. Volvemos a ver la visión estatista del gobierno, que pretende obligarnos a todos a recibir los servicios exclusivamente prestados por el Estado. El gobierno ha quitado a los colombianos de bajos ingresos la libertad de elegir su universidad e impone el sistema público como única opción.

Cabe recordar que la tasa de admisión en las universidades públicas es del 48%, mientras que en las privadas es del 82%. Solo en el caso de la Universidad Nacional, de cada 100 estudiantes que presentan el examen de admisión, solo 9 pasan.

Entre 2010 y 2023, el ICETEX otorgó más de 729 mil nuevos créditos por más de $3,7 billones de pesos. El 92% de los beneficiarios han sido de los estratos 1, 2 y 3. Con el subsidio a la tasa, se han beneficiado más de 559 mil estudiantes; con subsidios de sostenimiento, más de 203 mil. Otros 74 mil estudiantes recibieron condonaciones de una cuarta parte de la deuda por graduarse, y 2.300 jóvenes se beneficiaron al obtener excelentes resultados en las pruebas Saber Pro.

Vale la pena considerar los efectos que puede tener esta nueva estatización. El 62% de los profesionales existentes estudiaron en universidades privadas (más de 2,2 millones de colombianos). Para el año 2022, el 69% de los estudiantes de estratos 1 y 2 que presentaron las pruebas Saber Pro estudiaban en universidades privadas.

Además, las universidades privadas han demostrado ser más competitivas en el mercado laboral. Según el ranking QS, de las 15 universidades con mayor empleabilidad en el país, 13 son privadas y solo 2 públicas.

Las universidades privadas son entidades sin ánimo de lucro. No son un negocio, como sostiene el gobierno. No se quedan con las utilidades y están obligadas a invertir sus ganancias en educación. Y aunque fueran un negocio, el asunto es que quien mejor puede escoger lo adecuado para su formación y futuro es el propio beneficiario. Si el Estado va a garantizar la educación, debe ser la mejor posible dentro de los recursos disponibles —calidad— y aquella que mejor sirva a los intereses individuales.

El ICETEX tiene hoy más de 9,5 billones de pesos de cartera activa, con 420 mil beneficiarios, de los cuales el 67% corresponden a créditos de pregrado. De estos, solo cerca de 15.200 tienen una cartera vencida de más de 180 días (cerca de 342 mil millones). La mayoría ha logrado pagar a tiempo sus créditos, y lo que debería buscarse es refinar el tipo de crédito para que todos puedan estudiar y cumplir sus obligaciones.

En 2023, se introdujo el pago “contingente al ingreso” para que los estudiantes no paguen nada durante su época de estudios y, luego, cuando tengan un trabajo, paguen un porcentaje sobre el salario devengado. Esta modalidad ha sido exitosa en Reino Unido. En 2023, los primeros 500 beneficiarios de este programa comenzaron a aplicarlo.

Colombia necesita educación de calidad y solo de calidad, sin importar si es pública o privada. El Estado debería procurarla. Para ello, la libertad de elegir es esencial. El gobierno continúa por una peligrosa ruta que pretende un megaestado que lo hace todo, frente a un ciudadano cada vez más dependiente y menos libre. El ciudadano es tratado como un beneficiario del Estado, obligado a estar agradecido con el gobierno. Yo quiero un ciudadano dueño de sus decisiones y, por lo tanto, de su destino.

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