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Resumen: La Procuraduría sanciona al excanciller Álvaro Leyva con 10 años de inhabilitación por irregularidades en la licitación para la impresión de pasaportes, en un fallo que ya ha sido apelado por su defensa.
El excanciller Álvaro Leyva fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos, tras ser encontrado responsable de irregularidades en la licitación para la adjudicación del contrato de impresión de pasaportes. La Procuraduría General de la Nación sancionó al exfuncionario del gobierno con esta medida, que también incluye su destitución de cualquier cargo público, como resultado de una investigación disciplinaria que cuestionó sus acciones en el proceso licitatorio.
La decisión fue emitida el 12 de noviembre de 2024 por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, luego de que el proceso fuera aplazado en varias ocasiones durante el año pasado. El fallo se produce en un contexto en el que la defensa de Leyva ya ha apelado la sanción. Según el procurador ponente Ernesto Espinosa, la licitación fue detenida sin justificación técnica suficiente, vulnerando principios de transparencia y responsabilidad en la contratación pública.
El escándalo se originó en 2023 cuando, bajo la Resolución 7485, Leyva decidió declarar desierta la licitación para la impresión de pasaportes por un valor cercano a los 600.000 millones de pesos, al considerar que estaba diseñada para favorecer a la empresa Thomas Greg, que había mantenido este contrato durante 17 años. Según Leyva, la medida fue tomada para proteger los intereses del Estado, al detectar posibles irregularidades en el proceso. Sin embargo, para la Procuraduría, su actuación no cumplió con los principios de la ley económica y de contratación pública.
En la investigación, se incluyó también una segunda acusación relacionada con la declaración de urgencia manifiesta para garantizar la expedición de pasaportes durante 12 meses, una decisión que también fue considerada irregular. La Procuraduría consideró que el excanciller vulneró los principios fundamentales de la contratación pública, como la transparencia y la economía, lo que llevó a la sanción.
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Comunicadora Social de la Universidad Católica de Oriente con énfasis en el desarrollo humano, apasionada por la radio, las letras y el periodismo judicial
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