Bogotá, 5 jun (EFE).- El Estado colombiano debe reconocer su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos durante las protestas y «no ponerle un bozal» a quienes quieren observar lo que sucede en el país, asegura el expresidente Ernesto Samper en una entrevista con Efe.
Samper (1994-1998) considera que visitas como la que hará la próxima semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país son indispensables para que se sepa lo que está pasando, especialmente desde el 28 de abril cuando comenzaron las protestas contra el Gobierno del presidente Iván Duque.
«El Gobierno no le puede poner el bozal a los que quieran venir a ver qué está pasando aquí en derechos humanos, al contrario, si yo fuera presidente abriría las puertas (a que) venga (la Comisión) no solamente para que observe, sino para que nos ayude a hacer el seguimiento y sobre todo para que nos ayude a establecer las responsabilidades y prevenir lo que pueda venir», dijo.
A raíz de denuncias de diferentes sectores, la CIDH hará una visita de trabajo a Colombia entre el 7 y el 10 de este mes para evaluar el respeto a los derechos humanos en el marco de las protestas.
Las movilizaciones dejan al menos 20 muertos, según la Fiscalía, pero organizaciones como la ONG Temblores señalan que hay 45 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública, 1.649 detenciones arbitrarias, 65 agresiones oculares y 25 casos de violencia sexual, entre otras violaciones de derechos humanos.
Samper, crítico de Duque por no acelerar la implementación del acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC en 2016, ve conveniente que se reconozca la violación de derechos humanos.
«El Gobierno en lugar de reconocer que tenemos un problema con la violación de los derechos humanos ha tratado de cambiar la imagen que hay internacionalmente sobre Colombia y la violación de los derechos humanos. Ese es un error histórico porque aquí se están violando los derechos humanos de los policías, de los civiles, de los ciudadanos, lo muestran las cifras», subrayó Samper.
El expresidente y exsecretario general de Unasur considera que lo que el país vive hoy es resultado de supuestos incumplimientos del Gobierno de Duque a pactos firmados con los estudiantes en 2019 sobre educación gratuita y acceso a la universidad; del manejo inadecuado de la pandemia y de fallas en la implementación del acuerdo de paz en puntos como reparación a las víctimas, distribución de tierras o sustitución de cultivos ilícitos.
«De tal manera que esos tres incumplimientos graves fueron los que de alguna se acumularon para producir lo que se ha visto en Colombia, que más que una movilización social masiva es un verdadero estallido social», asegura.
Samper apuesta al diálogo para salir de la situación aunque considera que hay sectores políticos interesados en construir un escenario de guerra alrededor de las protestas.
«Hay sectores, que se concentran en el Centro Democrático (partido de Gobierno), que están interesados en crear un escenario de confrontación, quizás previendo que ese escenario les sirva electoralmente para pedir dentro de un año una mano dura que les permitiría mantenerse en el poder», puntualiza.
Sin embargo, explica que hay otro escenario en el cual está el 80 % de los colombianos, según las encuestas, que quieren una «salida dialogada, pacífica y democrática al problema del paro».
Considera que las exigencias del Comité Nacional de Paro son «razonables» en asuntos como la renta básica mensual para 7,5 millones de colombianos que hoy día «no tienen con qué comer, que están por debajo de la línea de pobreza en términos de Naciones Unidas, de menos de dos dólares diarios de ingresos».
Al referirse a los bloqueos de carreteras y calles del país por manifestantes, el expresidente considera que es un asunto peligroso porque «es la urbanización de lo que queda del conflicto armado en Colombia».
«Ahí hay actores armados enfrentados, financiados quizás por el narcotráfico que obviamente está viendo la utilidad de que haya estos bloqueos para encontrar nuevas rutas, para tener a la fuerza pública ocupada en sus menesteres profesionales, y hay gente civil, inocente, vinculada a esos bloqueos, hay indígenas, hay estudiantes», asegura.
La salida a esa situación, explica, no puede ser la de militarizar los bloqueos porque eso tiene que ser «un proceso escalonado en el cual se proteja la vida y los derechos de la gente que está involucrada en ella y que no son actores armados».
Duque ha dicho varias veces que las protestas están infiltradas por grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en lo cual Samper ve un «interés mezquino» por parte del Centro Democrático, «apoyado ahora por el Gobierno, de crear un escenario preelectoral y convertir esto en un escenario de guerra».
«Ese es exactamente el interés que ha venido mostrando el (ex)presidente (Álvaro) Uribe en sus trinos (tuits) y que lamentablemente en este momento el Gobierno está respaldando, porque (…) el Gobierno no solamente había tenido interés en dilatar el diálogo nacional, el diálogo con las centrales (obreras), sino que hoy parecería no estar interesado en el diálogo», concluyó.
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