Foto archivo.
El Consejo de Estado ha dictado una resolución que obliga al presidente Gustavo Petro a emitir disculpas públicas tras referirse a sus opositores como “asesinos”. Esta afirmación se produjo durante un discurso en la II Asamblea General del partido Colombia Humana, y el tribunal consideró que excedió los límites de la libertad de expresión.
Los ciudadanos que interpusieron la tutela argumentaron que sus derechos fundamentales fueron vulnerados, al ser tildados de criminales por expresar su desacuerdo en manifestaciones donde se gritaba “fuera Petro”. Según el Consejo de Estado, no existió una justificación razonable para relacionar a los manifestantes con actos de homicidio.
La controversia surgió cuando el presidente Petro afirmó que “los que gritaban ‘fuera Petro’ son unos asesinos”, lo que generó un fuerte rechazo. Los demandantes argumentaron que esta declaración era desproporcionada y afectaba su derecho a la oposición política.
El tribunal evaluó si las palabras del mandatario estaban protegidas por su derecho a la libertad de opinión como funcionario público. Sin embargo, concluyó que la afirmación sobrepasó los límites establecidos por la jurisprudencia y carecía de base factual. La afirmación, según la Sala, no solo excluyó a un sector crítico de la población del debate público, sino que también invalidó sus razones para protestar, contradiciendo el espíritu democrático.
Además, el Consejo de Estado enfatizó que la crítica política es un derecho fundamental y que el uso de términos graves como “asesinos” para referirse a opositores constituye una violación de sus garantías constitucionales.
Como consecuencia de esta decisión, Gustavo Petro deberá ofrecer disculpas públicas a los manifestantes afectados a través de sus redes sociales oficiales y de la Presidencia. Esta medida busca reparar la violación de sus derechos y reafirma la importancia del respeto en el discurso político.
Este fallo establece un importante precedente sobre los límites de la libertad de expresión de los funcionarios públicos, destacando el derecho de los ciudadanos a expresar su descontento sin temor a ser descalificados de manera injusta.
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