Foto Archivo
El excontratista Emilio Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el escándalo de corrupción que rodeó el fallido contrato de Centros Poblados. A través de un preacuerdo con la Fiscalía, Tapia se comprometió a devolver parte del anticipo que recibió del Ministerio de las TIC y a ofrecer excusas públicas por su participación en los hechos.
En la decisión tomada por un juez de conocimiento, se destacó que Tapia deberá reintegrar un total de 5.063 millones de pesos, correspondientes al anticipo recibido ilegalmente para la compra de equipos de cómputo y otros elementos necesarios para llevar Internet a 7.000 escuelas rurales del país. Según la Fiscalía, hasta el momento el contratista ha reintegrado 2.532 millones de pesos, y en los próximos meses deberá devolver el saldo restante mediante pagarés.
En el preacuerdo firmado, Tapia reconoció su participación en delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. Además, se comprometió a colaborar como testigo de cargo en los procesos judiciales que aún se adelantan relacionados con este caso de corrupción.
El excontratista, que fue uno de los principales actores en el escándalo de la contratación en Bogotá, permanecerá privado de su libertad en el pabellón de funcionarios públicos de la Penitenciaría ‘El Bosque’ en Barranquilla.
El escándalo de Centros Poblados se originó en el otorgamiento de un contrato multimillonario para llevar Internet a las zonas rurales del país. Tapia, junto a otros empresarios, formó la Unión Temporal Centros Poblados, que presentó documentación falsa para ganar la licitación. A través de esta maniobra, el MinTIC otorgó un anticipo de 70.000 millones de pesos, de los cuales Tapia se quedó con 6.182 millones.
De esta suma, Tapia distribuyó parte del dinero: 1.118 millones de pesos fueron destinados a los empresarios que facilitaron la creación de la unión temporal, con movimientos documentados en dólares hacia Miami. El resto del dinero, aproximadamente 5.063 millones de pesos, fue utilizado para la compra de vehículos de lujo, obras de arte, tiquetes aéreos y el pago de honorarios legales.
El caso sigue siendo uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Colombia, con diversas investigaciones en curso para determinar las responsabilidades de otros implicados.
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