El narcotráfico quiere que la paz fracase para poder mantener el control de las tierras dedicadas a los cultivos ilícitos, dice Alto Comisionado

El narcotráfico quiere que la paz de Colombia fracase para poder mantener el control de las tierras dedicadas a los cultivos ilícitos, aseguró el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, a una semana del tercer aniversario de la firma del acuerdo con las FARC.

Ceballos, que recibió el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 por el anterior Gobierno de Juan Manuel Santos, manifestó en una entrevista con Efe que «hay algunos que quieren que el proceso falle y tal vez por eso lo critican tanto», en referencia a los reparos que se hacen al Gobierno del presidente Iván Duque por su manejo de esta herencia.

«Los enemigos del proceso están claros, son los narcotraficantes, aquellos que no quieren que haya desarrollo en las zonas en las cuales ellos tuvieron el control y hoy están destruyendo, quieren destruir esos anhelos de paz», afirma.

DISIDENTES CONTRA LA PAZ

Entre los enemigos de la paz pone a los exjefes de las FARC «Iván Márquez» y «Jesús Santrich», que en agosto anunciaron su regreso a las armas en «respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana».

«El propio Iván Márquez, el propio Jesús Santrich, anuncian que vuelven a las armas (…) ellos tienen una clara relación con grupos de narcotráfico que quieren imponer su ley de sangre y fuego en las regiones que buscan la paz», asegura.

El comisionado considera el rearme de Márquez al mando de una veintena de disidentes como una «contradicción» ya que él «fue uno de los negociadores del proceso y es él mismo el que quiere destruirlo».

Por eso, a los críticos del Gobierno en materia de paz les recomienda ir «a las regiones a verificar que esto sí se está implementando» y pide no olvidar que el acuerdo fue diseñado «para ser implementado en al menos tres gobiernos, estamos hablando de doce años».

PROCESO CON EL ELN

Con respecto a la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), suspendida desde que Duque llegó al poder hace 15 meses, Ceballos es tajante en la exigencia de que esa guerrilla debe cesar sus acciones criminales, renunciar al secuestro y liberar a «todos» sus cautivos para poder volver a dialogar.

«Nuestra posición ha sido muy clara, nosotros no consideramos que haya pequeños secuestros o poquitos secuestros que sean relevantes, el secuestro es secuestro en cualquier parte del mundo (…) no hay un reclutamiento de menores menos grave que el otro», dice.

Pone como ejemplo a las FARC, que durante las negociaciones en La Habana renunciaron al secuestro porque «Colombia ya pasó la página en que la política se hace justificándose en el crimen y el delito».

«La política del Gobierno es negociar con aquel que muestra verdadera y genuina voluntad de paz», sentencia.

Pese a ello, no ve viable, al menos por ahora, que Colombia deje de reclamar a Cuba la extradición de los negociadores del ELN que están en la isla y a los que acusa de terrorismo por el atentado contra la escuela de la Policía en Bogotá que en enero pasado dejó 22 cadetes muertos.

EL CAUCA Y LÍDERES SOCIALES

Ceballos, que compagina su trabajo de comisionado de paz con el de coordinador del Plan Social para el departamento del Cauca anunciado a comienzos de mes por Duque tras el asesinato de 13 personas, siete de ellos indígenas, considera que para tener éxito toda iniciativa debe partir de «la base que respete la voluntad de las comunidades».

«No sólo se mata a los indígenas, ahí fueron asesinados cuatro ingenieros (…) también han sido asesinados afrocolombianos y campesinos, como en todo el país», afirma, y añade que eso es consecuencia de «varios problemas que han envejecido muy mal», como «la conflictividad por la tierra».

A ese problema hay que sumar el narcotráfico ya que en el Cauca, con costas sobre el océano Pacífico, «hay corredores donde los grupos armados, las disidencias de las FARC, tienen una presencia grande».

«Quien está asesinando a los indígenas (…) es el narcotráfico porque hace parte de una cadena de alimentación de la guerra de aquellos que no quisieron unirse al proceso», dice.

Es la misma persecución que sufren los líderes sociales, cerca de 700 de los cuales han sido asesinados desde la firma de la paz.

«¿Por qué se está matando a los líderes sociales?, porque ellos, muchos de ellos, han tomado la decisión de estar en la legalidad en espacios donde hay cultivos ilícitos», manifiesta.

MENORES MASACRADOS

Sobre la matanza de ocho menores de edad en el bombardeo a un campamento de disidentes de las FARC, que forzó la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, tras revelarse que se ocultó esa información, Ceballos «condena todo atentado contra los menores» y afirma que «el primer atentado (es) haberlos reclutado».

«Lo que sucedió refleja un flagelo presente en Colombia desde hace muchos años y es el reclutamiento de menores, una de las conductas punibles, castigables, más importantes de identificar», dice al citar cifras del Ministerio de Defensa según las cuales desde 2002 hasta febrero pasado, 5.348 niños y adolescentes fueron rescatados de las filas de los grupos armados ilegales.

A ellos hay que sumar 8.730 que ingresaron siendo niños en estos grupos pero que salieron ya adultos.

«Estamos hablando de más de 13.000 personas y por supuesto eso se sigue reflejando en la manipulación y el uso que quieren hacer los grupos armados de estos niños», concluye.

Jaime Ortega Carrascal