Santiago de Chile, 15 ene (EFE).- El Gobierno de Chile anunció este lunes que decidió acoger la propuesta de un sector de la oposición sobre la reforma de pensiones, lo que destraba el enconado debate y allana el camino para que esta pueda ser aprobada en las próximas semanas.
"Hemos acogido la indicación que nos ha presentado un sector importante del centro político de nuestro país", indicó en un punto de prensa la ministra de Trabajo, Jeannette Jara.
La reforma, que se presentó en noviembre de 2022 y lleva desde entonces estancada en la Cámara de Diputados y Diputadas, busca subir la cotización del 10 % actual al 16 %, a cargo del empleador, y elevar así las bajas pensiones que reciben la mayoría de los chilenos.
El principal punto de fricción era el destino de ese 6 % adicional, que el Gobierno proponía destinar a un seguro social (3 %), a las cuentas de capitalización individual (2 %) y a fortalecer el empleo y la formalidad laboral de las mujeres (1 %).
La oposición está dividida: mientras que la derecha y ultraderecha quieren que vaya totalmente a las cuentas de capitalización individual de cada trabajador, partidos de centro derecha como la Democracia Cristina, el Partido de la Gente o Demócratas propusieron la semana pasada destinar el 3 % al seguro social y el 3 % a la capitalización individual.
Jara indicó que "el Gobierno ha cedido" y que impulsará la distribución propuesta por el centro derecha: "Hemos dado un paso importante en la construcción de un acuerdo que es necesario", insistió.
"El seguro social no es para otras personas, es para quienes cotizando tienen pensiones que no les alcanza para vivir", añadió la ministra, antes del inicio de la votación de la reforma en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Si la reforma supera las votaciones en las comisiones parlamentarias, podría ser votada en el pleno de la Cámara la próxima semana.
El sistema de pensiones chileno, creado por el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), fue pionero en la capitalización individual y obliga a cada trabajador a aportar un 10 % mensual de su sueldo a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile y que es gestionada por las polémicas administradoras privadas de pensiones (AFP).
En los últimos años, el modelo ha sido ampliamente criticado por las escasas pensiones que otorga: la pensión promedio a junio de 2023 fue de 283.455 pesos chilenos para los hombres (321 dólares) y 111.237 pesos para las mujeres (cerca de 126 dólares), respectivamente, según la Superintendencia de Pensiones.
Aparte del aumento de la cotización, la reforma que propone el Gobierno del presidente Gabriel Boric, una de sus proyectos estrella, incluye la transición a un sistema mixto y el fin de las AFP como funcionan hasta ahora, además de contemplar posibilidad de que el Estado gestione los fondos, entre otros cambios de calado.
Gobiernos anteriores intentaron sin éxito reformar totalmente el sistema y hasta ahora solo se han aprobado reformas parciales.
En 2008, se creó una pensión financiada por el Estado, dirigida al 60 % más pobre que nunca había cotizado o que recibía pensiones muy bajas y que ampliada en 2021.
Por: EFE
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