La justicia ha dictado medidas severas contra exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y un contratista involucrado en un complejo caso de corrupción.
Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la UNGRD; Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector del Manejo del Riesgo; y Luis Eduardo López Rosero, contratista, deberán cumplir con una detención preventiva en establecimientos militares y de policía.
La medida de aseguramiento fue decidida por el juez 35 penal de control de garantías de Bogotá tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación.
La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó pruebas sólidas que vinculan a los tres procesados en un esquema de corrupción que manipuló la contratación de obras para emergencias y el suministro de agua en La Guajira.
López Martínez, Pinilla Álvarez y López Rosero están imputados por múltiples delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
A pesar de la imputación, los acusados no han aceptado los cargos.
La investigación revela que, entre marzo de 2023 y febrero de 2024, la UNGRD facilitó información confidencial a contratistas, permitió la inscripción apresurada de empresas en el registro de proveedores y acordó pagos de sobornos de hasta el 14% del valor de los contratos. Además, se falsificaron documentos para legitimar contratos y desembolsos.
Los documentos irregulares corresponden a 21 órdenes de contratación que suman 228.884 millones de pesos. La indagación mostró que seis de estas órdenes fueron dirigidas para beneficiar a las empresas del contratista López Rosero, que incluyeron la compra de carrotanques y camiones tipo bombero para la región de La Guajira y otras áreas.
Un análisis de los contratos reveló un sobrecosto de 14.163 millones de pesos en el contrato para carrotanques en La Guajira. Se determinó que 724 millones de pesos fueron destinados a coimas pagadas a Olmedo López Martínez, mientras que 342 millones se destinaron a Sneyder Pinilla Álvarez. El contratista, por su parte, habría ganado ilegalmente 7.821 millones de pesos.
Además, la investigación destapó irregularidades en el alquiler de carrotanques y la asignación de contratos por 96.000 millones de pesos, relacionados con recursos de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Las prácticas corruptas descubiertas subrayan la magnitud del escándalo y la necesidad de justicia para recuperar los recursos públicos desviados.
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