El caso de un ciudadano colombo- venezolano, señalado de presuntamente cometer una estafa piramidal en Venezuela, con al menos 50 víctimas, entre ellos familiares y personas cercanas, está siendo estudiado por La Corte Suprema de Justicia para determinar su extradición.
El hombre, Arnoldo J. V., se había escabullido de la justicia durante varios años, aprovechando su doble nacionalidad para esconderse de las autoridades venezolanas en territorio colombiano.
En 2022, luego de emitida la circular roja de la Interpol en su contra, fue detenido en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá por las autoridades colombianas. Sin embargo, al cabo de unos días, tuvieron que dejarlo en libertad porque las autoridades de Venezuela no solicitaron su detención preventiva.
Meses más tarde, el gobierno venezolano solicitó su detención preventiva y la Fiscalía emitió la orden de captura con fines de extradición, pero su captura no se ha hecho efectiva.
Para eso, el alto tribunal ordenó la realización de dos pruebas que determinarán si al señalado se le vulneraron sus derechos durante el trámite.
En la primera, la Fiscalía deberá entregar información sobre si el acusado ya ha sido juzgado en Colombia por delitos relacionados con estafa.
«Comoquiera que en el trámite de extradición resulta indispensable establecer si, en nuestro país, por los hechos que motivan la solicitud, se ha emitido decisión con fuerza de cosa juzgada», resalta la providencia de la corte.
En la segunda, la Dijín debe consultar si en alguno de sus registros el implicado ya tiene antecedentes o investigaciones en contra, con el fin de determinar los procedimientos que deba enfrentar Arnoldo y finalizar el estudio de la solicitud de extradición hecha por el gobierno venezolano.
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