El Consejo de Estado admitió una tutela contra el presidente Petro, presentada por el ciudadano Stefan Bravo Martínez, como el representante legal y presidente de la veeduría ciudadana ‘Antioqueños por Colombia’ y ‘Abogados por la verdad’.
La tutela tiene como objetivo buscar la protección de los derechos fundamentes, que, según Martínez, fueron vulnerados a la libertad de expresión, a recibir información veraz y a fundar medios de comunicación por el presidente Gustavo Petro, durante su alocución del 4 de septiembre de 2024, en la que denunció la compra del controvertido software de espionaje Pegasus.
El Consejo de Estado considera que estos derechos fueron vulnerados cuando Petro reveló información confidencial sobre la adquisición del software Pegasus por parte de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), en un contexto marcado por intensas protestas sociales y tensiones políticas.
Ante esta situación, el alto tribunal ha decidido vincular a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Defensa como terceros con interés en el proceso, y al presidente de la República.
Además, se ha solicitado a Petro un informe sobre los hechos relacionados en un plazo no mayor a dos días.
Martínez sostiene la necesidad de claridad sobre la adquisición del software y sus implicaciones.
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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado también ha sido notificada para que intervenga si lo considera pertinente.
En su declaración, el presidente Petro informó que la compra de Pegasus se realizó en efectivo por un monto de $11 millones de dólares a una empresa israelí en junio de 2021.
Esta transacción, según el mandatario, ocurrió en un contexto de convulsión social, planteando interrogantes sobre la utilización de recursos estatales en medio de un estallido social y antes de las elecciones de 2022.