La justicia colombiana ha dictado una condena de 10 años de cárcel para dos integrantes de la Policía Nacional, el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales, por su participación en las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia, quien fue jefa de gabinete del Gobierno y actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia.
Durante una audiencia celebrada en Bogotá, la jueza 53 de conocimiento impuso una pena de 120,74 meses de prisión a Quinchanegua y 112,2 meses a Canizales, además de multas significativas y la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Ambos funcionarios aceptaron su responsabilidad en delitos como fraude procesal y falsedad en documentos públicos, y se disculparon públicamente hacia las víctimas.
La intervención judicial ha puesto de manifiesto que estas acciones de espionaje podrían haber recibido órdenes de instancias superiores, específicamente desde Casa de Nariño. Según información filtrada, la implicación de altos funcionarios en estas actividades ilícitas sugiere un uso indebido de las instituciones estatales para objetivos personales y políticos.
En su declaración, Canizales afirmó: “Como humanos, cometemos errores… Creí que podía actuar de manera honesta al seguir órdenes de mis superiores”. Quinchanegua, actualmente en una guarnición militar, también expresó sus disculpas a las partes afectadas.
El abogado de Marelbys Meza, Iván Cancino, expresó su satisfacción por la sentencia a través de sus redes sociales, subrayando que la condena es un paso, pero no el final del proceso: “Ellos no actuaron solos”, afirmó.
Además de Quinchanegua y Canizales, las autoridades han señalado a otros oficiales, incluyendo al capitán Carlos Andrés Correa y al patrullero Jhon Fredi Morales, por su implicación en la red de interceptaciones ilegales. Se ha abierto una investigación sobre una presunta red de informantes dentro de la Policía.
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