Colombia no tolera más Impunidad

La paz es un bien inestimable anhelado por todos que no le pertenece a nadie, y que no puede servir de mercancía política ni de pasaporte a la impunidad. Su consecución merece los mejores esfuerzos y empeños, pero sin llegar a comprometer la dignidad nacional, y menos, a quebrantar el orden constitucional; de no ser así, se seguirá alentando la violencia, la villanía y la criminalidad, como se hizo en el desgobierno de Juan Manuel Santos con el beneplácito de un Congreso fletado y de una Corte Constitucional politizada, la que antes que proteger la integridad de la Carta la violentó.

La sentida necesidad de alcanzar la paz, no nos debe inducir a la ingenuidad, y menos, a renunciar al ideario de principios y valores en que se funda nuestra perfectible democracia. Cualquier intento por lograrla es loable, siempre y cuando no sirva para premiar y gratificar criminales, ni para burlar inocentes como se hizo con las Narco-Farc.

Alcanzar la paz bajo la intimidación del malhechor, que obtiene capacidad para negociarla, prometiendo suspender sus fechorías a cambio de exigir reconocimiento de beligerancia política, ser retirado de la lista de Grupos Armados Organizados, imponer la sustitución del modelo económico, y pretender caras prebendas políticas y económicas, constituye una rendición del Estado y un premio a la felonía.

Intentar utilizar la aprobación de una nueva amnistía para quienes han cometido delitos de lesa humanidad, como condición para avanzar en unas negociaciones que eventualmente conduzcan a la firma de un nuevo y espurio acuerdo de paz, es una extorsión a la sociedad.

Los narcoterroristas se burlan de la nación, al negar que han y siguen cometiendo delitos de lesa humanidad, para con ello, tratar de eludir o justificar la responsabilidad penal derivada de su proceder criminal.

Es repudiable que el remedo de gobierno que padecemos, pretenda nivelar un Estado de Derecho legalmente constituido con una banda de delincuentes disfrazados de verde.

No se puede permitir que la desorientada señora Vera Grabe y el oscuro señor Iván Cepeda, de quienes no se sabe a cuál lado de la mesa pertenecen, pretendan de nuevo igualar a los soldados de la patria con un puñado de narcoterroristas, olvidando que las Fuerzas Armadas no actúan en causa propia sino en defensa de la sociedad.

Ordenar a los militares que se replieguen y suspendan sus obligaciones constitucionales, y someterlos al escrutinio y maltrato verbal de los criminales, es una vejación inaceptable a las Fuerzas Armadas y un atentado al Estado de Derecho.

Que no se olvide que el General Luis Mendieta Ovalle, durante doce años, estuvo secuestrado, denigrado y vejado entre una jaula en mitad de la selva, y que sus secuestradores nunca lo reconocieron como víctima sino como prisionero de guerra.

La nación no puede volver tolerar tanta perversidad y cinismo, máxime, cuanto en Colombia no hay guerra, ni conflicto armado, como algunos dicen, lo que hay y ha habido, es una insurgencia criminal rural contra un Estado Democrático de Derecho.

El próximo Gobierno deberá recuperar la autoridad en todo el territorio nacional, restituir la seguridad y el orden, hacer inversiones en infraestructura, y fomentar el desarrollo rural en términos de productividad y bienestar, y para lograrse, necesitamos elegir a una persona que sea estadista y no a un político fugaz.

Es tiempo de terminar o de recomponer el diálogo con el grupo narco criminal ELN, y de continuarlo, condicionarlo a la libertad inmediata de secuestrados; al cese de actos terroristas, extorsiones, secuestros, narcotráfico y reclutamiento de menores, y; a la desmovilización, entrega de armas y sometimiento incondicional a la justicia por la comisión de delitos de lesa humanidad.

Cualquier negociación que ofrezca privilegios económicos, dádivas políticas o exenciones penales, constituye quebrantamiento del ordenamiento legal y manifiesto desacato al Estatuto de Roma.

Que los delegados del Gobierno no olviden que, el Estatuto de Roma, que administra la Corte Penal Internacional, no admite ni permite que los delitos de lesa humanidad sean objeto de amnistía, indulto, perdón, condonación, absolución u olvido.

Que tampoco olviden que, la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y, el mismo y controvertido, fiscal de la Corte Penal Internacional han reiterado que, los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de indulto; pero, de Petro y de su banda de regresivos progresistas, todo se puede esperar.

Los hechos y el Derecho, dan razones; el deseo y el anhelo, solo ilusiones. Por eso no debemos razonar con el deseo, ni alimentar la esperanza antes fallida que, bajo el asedio terrorista, nos hizo soñar con una paz injusta, la que solo ha logrado aumentar la violencia, la delincuencia y la criminalidad, y hacer de los campos de Colombia un vergel de cultivos ilícitos, una cadena de factoría de narcóticos y un santuario de la más vulgar y cínica impunidad.

A Petro se le acaban los días de su parodia de gobierno, y con enorme dificultad logrará hacer de la paz un pasaporte a la impunidad, tal y como lo hizo su mentor, el inepto, indelicado y desvergonzado Juan Manuel Santos, traidor de traidores, y artífice de la descomposición social y de la degradación democrática que padecemos.

La debilidad del bien es la fortaleza del mal. Con criminales no se negocia; se les somete. Difícilmente la banda narcoterrorista ELN volverá a tener una oportunidad como la de ahora, para someterse a la justicia y obtener algún beneficio sin que se incurra en impunidad, pues la nación ya no lo permitirá.

En Sala de Espera No. 1: Que la honorable Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del Impuesto al Patrimonio, y de la ley que aprobó la descuadernada y confiscatoria Reforma Pensional.

En Sala de Espera No. 2: Que el honorable Consejo de Estado declare la nulidad del decreto que Prohibió las Exportaciones de Carbón al Estado de Israel, lo que arruinaría a los departamentos de Guajira y César, y destruiría cerca de 4.000 empleos productivos.

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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mag. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

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