Un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a 7 años y 8 meses de prisión a Nidia Esperanza G. M., representante legal de una empresa que realizó la interventoría a un contrato de reforzamiento estructural de la Clínica Fray Bartolomé de las Casas.
Según la investigación de la Fiscalía, la sentenciada no ejerció las funciones de supervisión y alerta encomendadas, y por el contrario auspició un entramado criminal en el que funcionarios y contratistas se apropiaron de parte de los recursos destinados para realizar los diseños y las obras en el centro asistencial.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acreditó que la condenada permitió que el oferente seleccionado recibiera de manera irregular un anticipo, que contemplaba el pago de una dádiva equivalente al 10% del valor total del proyecto al servidor que suscribió el contrato.
Adicionalmente, demostró que en su rol de interventora no garantizó el buen uso de los dineros del anticipo ni revisó en detalle el plan de inversión.
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Asimismo, avaló la expedición de cheques a favor del contratista, pero no verificó que los soportes correspondieran al objeto del contrato ni constató que los recursos se destinaran exclusivamente a cubrir las adecuaciones, remodelaciones y otros requerimientos civiles.
La decisión en primera instancia, ordenó la captura inmediata de la afectada para hacer efectiva la pena por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
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