Buscarán una «sentencia firme» por el asesinato de la concejala Juana Quispe en Bolivia

La Paz, 5 ene (EFE).- La Defensoría del Pueblo y la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) anunciaron este viernes que buscarán una "sentencia firme" en el caso del asesinato de Juana Quispe tras la condena en primera instancia de 30 años de prisión contra sus agresores y que todavía les permite la apelación.

El jueves, un tribunal en La Paz dictó la pena máxima en Bolivia de 30 años de prisión contra el exalcalde de Ancoraimes Félix Huanca y el exconcejal Pastor Cutili; 15 años para la exconcejala Basilia Ramos y dos años para Exalta Arismendi por encubrimiento, en el crimen que se produjo en 2012.

"Esta sentencia no se encuentra firme, falta su ejecutoria (…) falta la apelación restringida o el recurso de casación", declaró la delegada de la Defensoría del Pueblo en La Paz, Maritza Suntura, en una rueda de prensa junto a Acobol.

Suntura recordó que desde el inicio del juicio oral, el año pasado, la entidad garante de los derechos humanos en el país "acompañó" en todas las audiencias y que continuará hasta que el proceso finalice con una "sentencia ejecutoriada" y "sin derecho a indulto".

"Aún ellos (los acusados) pueden apelar. Invocamos y pedimos a todas las instituciones a hacer seguimiento (…) vamos a estar pendientes de todo este recorrido y lo que viene", señaló por su parte la representante de Acobol, Josefina Velásquez.

Suntura y Velásquez destacaron que el caso de Quispe es "emblemático", ya que generó las condiciones para la promulgación de la Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, vigente desde 2012.

Asesinato de Quispe

Quispe era concejala del municipio Ancoraimes, en La Paz, y denunció que no le dejaban ejercer su cargo luego de ganar las elecciones subnacionales de 2010.

La mujer obtuvo su puesto con un partido diferente al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), del entonces alcalde Félix Huanca, y según dijo empezó a ser víctima de acoso y violencia impulsados por el mismo funcionario.

La concejala ganó una acción judicial para que le permitieran trabajar, pero Huanca y otros exconcejales la incumplieron y ella los demandó penalmente por "desobediencia a órdenes de amparo", lo que provocó las amenazas de muerte.

El 12 de marzo de 2012, dos días antes de la audiencia conclusiva por la demanda penal, la mujer llegó a La Paz para asistir a una movilización en la que también iba a estar presente Huanca, luego se fueron a almorzar y no se supo más de Quispe.

Al día siguiente su cuerpo fue encontrado cerca de un río en La Paz con señales de estrangulamiento.

Denuncias por acoso

La Defensoría del Pueblo y Acobol señalaron que desde 2012, únicamente se tienen unas cuatro sentencias, además del caso de Quispe, dos en que las víctimas también son concejalas y las restantes legisladoras departamentales o nacionales.

Las denuncias por acoso y violencia política suman 600, de las que 160 se registraron en 2020, 76 en 2022 y 41 el año pasado.

Una de las manifestaciones estos delitos recurrentes en las zonas rurales es la llamada "gestión compartida", mediante la que las mujeres electas renuncian a sus cargos en base a acuerdos forzosos para que un varón las reemplace.

Velásquez señaló que también existen otras formas de presión cuando las concejalas realizan su labor de "fiscalización" a la gestión en sus municipios y denuncian irregularidades, por lo que comienzan los "hostigamientos" en su contra.

También se da que el resto de las autoridades "relega" o "no toma en cuenta" a las autoridades mujeres que hacen seguimiento a las acciones administrativas, por lo que ella se sienten "cohibidas" a realizar esa labor.

Por: EFE