Sao Paulo, 31 jul (EFE).- Brasil celebrará este martes el décimo aniversario de su "Ley Anticorrupción", que impulsó la persecución de los delitos contra la Administración pública y que hoy enfrenta potenciales amenazas en forma de "retrocesos legislativos".
La Ley Anticorrupción (12.846/2013) estableció una serie de normas e instrumentos para enfrentar la corrupción, entre ellos los acuerdos de lenidad, la responsabilidad de las personas jurídicas y la adopción de sistemas de "cumplimiento normativo" en las empresas.
Promulgada el 1 de agosto de 2013 por la entonces presidenta Dilma Rousseff (2011-2016), el texto fue fundamental en las investigaciones de la ya extinta Operación Lava Jato, a partir de las cuales decenas de políticos y empresarios de Brasil y otros países de América Latina fueron procesados por corrupción.
Pero la organización Transparencia Internacional Brasil observa hoy "una reducción de los esfuerzos" por investigar las corruptelas en el país, lo que puede llevar a las empresas a reducir sus inversiones en el departamento de "compliance", clave para detectar eventuales desvíos.
"Identificamos en los últimos cuatro-cinco años diversos retrocesos en el marco legal de combate anticorrupción", afirmó a EFE Guilherme France, gerente del Centro de Conocimiento Anticorrupción de Transparencia Internacional Brasil.
Con menos investigaciones en curso, la posibilidad de que una empresa sea castigada por una eventual irregularidad disminuye, lo que, en último extremo, puede llevar a que "se desmonten las estructuras anticorrupción" internas.
Además, la propia Ley Anticorrupción es cuestionada tanto en el Congreso, como en la Corte Suprema, con demandas que piden cambiar algunos aspectos del texto, como por ejemplo, los acuerdos de lenidad.
"Esos cuestionamientos traen inseguridad y ponen en riesgo parte de la estructura" de combate a la corrupción, advirtió France.
Esa visión es compartida por la mayoría de las empresas, según un sondeo entre ejecutivos de compliance y directivos de 100 de las 250 mayores compañías brasileñas, realizado entre el 12 y 28 de julio por Transparencia Internacional Brasil y la firma Quaest, y divulgado este lunes.
De acuerdo con la encuesta hay una "gran preocupación" entre los empresarios en relación a posibles "retrocesos legislativos".
En este sentido, un 71 % de los encuestados señala que "la posible flexibilización de la Ley de las Estatales", asuntos en discusión, supone "un alto riesgo para los sistemas de cumplimiento de las empresas públicas".
Además, France incide en la necesidad de que el marco legal anticorrupción se desarrolle también a nivel regional y municipal, donde aún no se aplica de forma amplia y generalizada.
"La ley tiene que evolucionar institucionalmente para que los Estados y los municipios apliquen regularmente la Ley Anticorrupción, pues hoy es el Gobierno federal el que aplica mayoritariamente la ley", apuntó.
Por: EFE
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