Resumen: Reflexión sobre la reforma administrativa en Antioquia y la importancia de la austeridad, eficiencia y eficacia en la gestión pública. Descubre cómo los derechos sociales y la protección de grupos vulnerables son fundamentales para el desarrollo social y la igualdad de derechos.
En la reciente reforma administrativa de la gobernación de Antioquia, donde se pasa de más de 60 dependencias del primer nivel a menos de la mitad, se ha decidido unir, fusionar los temas de familia, de niñez y de las mujeres de Antioquia en una sola dependencia. Esto ha sido criticado por el movimiento de mujeres y feministas que han luchado por décadas por visibilizar los asuntos políticos, culturales y sociales de sus luchas en Antioquia.
En ese sentido, cabe hacerse las siguientes preguntas y reflexiones: Austeridad se refiere a la reducción de gastos superfluos y a la gestión cuidadosa de los recursos públicos. La eficiencia implica realizar actividades con el mínimo de recursos posibles, mientras que la eficacia se centra en alcanzar los objetivos propuestos, sin importar necesariamente el costo. Estos principios son esenciales para una buena administración pública, pero deben ser aplicados con discernimiento para no sacrificar áreas cruciales para el desarrollo social y la igualdad de derechos.
Por otro lado, los derechos y garantías sociales incluyen la protección de los grupos vulnerables y la inversión en bienes simbólicos y representativos que pueden no tener un valor económico tangible inmediato, pero que son fundamentales para el empoderamiento y la cohesión social.
Las instituciones como la Secretaría de las Mujeres no solo representan un espacio para la defensa de los derechos de las mujeres, sino también un baluarte contra la discriminación y la desigualdad en contextos históricamente machistas como Colombia y Antioquia. Los bienes estéticos y simbólicos, tales como las instituciones y programas que visibilizan y empoderan a las mujeres, no pueden ser evaluados únicamente por su costo económico. Su valor reside en el impacto social y cultural que generan, ofreciendo un espacio para la reivindicación y el reconocimiento de luchas históricas. La presencia de estas instituciones envía un mensaje potente sobre el compromiso del Estado con la igualdad y la justicia social.
La reforma administrativa en Antioquia ha sido criticada por parecer una maniobra para reducir costos a expensas de la representatividad y los derechos de las mujeres. Esta acción ha sido vista por algunos como un intento de camuflar ideologías conservadoras, familistas y patriarcales bajo la fachada de la eficiencia y la reducción de la burocracia. En una sociedad donde las familias, especialmente las lideradas por mujeres, han sufrido los estragos de la guerra y la violencia, es crucial reconocer y apoyar a estas lideresas. La familia es, sin duda, el núcleo fundamental de la sociedad, pero la lucha por los derechos de las mujeres es una causa que merece una atención separada y especial.
La unión de las reivindicaciones de la mujer y la niñez en una sola dependencia diluye la importancia y el enfoque de cada lucha individual. Es grave que en sociedades actuales se vincule a las mujeres solo con el rol de la familia. Las familias ya no son como antes y es un retroceso pensarlas así. La lucha de las mujeres no se limita a su rol en la familia y consiste, incluso, en que dejen de reproducirse estereotipos que las vinculen de manera exclusiva a las labores de cuidado; incluye la visibilización de sus derechos políticos, sociales y culturales, y no debe ser opacada ni limitada.
Finalmente, es fundamental reconocer que la disputa es ideológica. No es ni buena ni mala en sí misma; el gobernador está imponiendo el modelo en el que cree: mujeres en la casa, mujeres de familia. Es crucial entender que esta visión es una disputa ideológica y debe ser discutida como tal. Entonces, la austeridad y la eficiencia son importantes, pero no deben ser utilizadas como excusa para desmantelar estructuras que protegen los derechos y la representatividad de las mujeres. En una sociedad que aún enfrenta grandes desafíos en términos de igualdad de género, es imperativo que las políticas públicas reconozcan y valoren la importancia de invertir en bienes simbólicos y representativos. La verdadera eficacia se logra no solo mediante la administración eficiente de los recursos, sino también asegurando que todas las voces sean escuchadas y que todas las luchas por la justicia social sean visibilizadas, apoyadas y garantizadas.
Aquí más Columnas de Opinión