En el contexto económico de Colombia, el sector minero juega un papel crucial, representando actualmente el 14% de las exportaciones nacionales. No obstante, este sector se encuentra al borde de una crisis profunda, acentuada por un sistema fiscal que, en lugar de estimular el crecimiento, ha resultado ser un obstáculo considerable para su sostenibilidad.
Las empresas exportadoras de metales preciosos están operando con márgenes de utilidad extremadamente reducidos. Los gravámenes impositivos, que incluyen IVA, regalías y otras contribuciones, absorben más del 50% de los ingresos operativos. Esta carga fiscal excesiva no solo compromete la viabilidad financiera de las empresas formales, sino que también crea un incentivo para la informalidad y el contrabando.
La minería ilegal en Colombia sigue siendo un problema grave, con impactos devastadores tanto ambientales como sociales. A pesar de la prohibición del uso de mercurio desde 2018, la minería ilegal continúa utilizando este contaminante, afectando ecosistemas y salud pública. Las recientes estimaciones indican que alrededor de 64,000 hectáreas están afectadas por la minería ilegal, principalmente en regiones sensibles como la Amazonía. Esta actividad no solo degrada el medio ambiente, sino que también incrementa la violencia y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas.
El gobierno colombiano ha intentado combatir la minería ilegal mediante operaciones militares conjuntas con países vecinos como Brasil y Perú. Sin embargo, la magnitud del problema y la ubicación remota de muchas de estas operaciones han limitado la efectividad de estas medidas. Las fronteras porosas del país, como las que comparte con Venezuela y Panamá, se han convertido en rutas para el contrabando de metales preciosos, lo que representa una pérdida significativa de ingresos legítimos y fortalece redes de crimen organizado. Las pérdidas anuales debido al contrabando de metales preciosos ascienden a aproximadamente $600 millones, según datos de la DIAN.
El impacto de esta crisis va más allá de las cifras económicas. Las comunidades que dependen de la minería formal se ven obligadas a operar en la informalidad para sobrevivir. El entorno fiscal restrictivo ha llevado a muchas familias que anteriormente operaban dentro del marco legal a buscar alternativas ilegales, perpetuando el ciclo de informalidad y riesgo que el gobierno pretende erradicar.
Desde el Senado, hemos tomado la iniciativa de convocar a una serie de entidades clave, incluyendo la Dirección Nacional de Impuestos, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Nacional de Minería, la Procuraduría y el Ministerio de Minas y Energía. El objetivo de esta convocatoria fue analizar la situación actual del sector minero, evaluar el impacto socioeconómico, promover el diálogo entre los actores clave y proponer soluciones consensuadas.
La reunión, realizada hoy, se llevó a cabo con la expectativa de obtener respuestas claras. Sin embargo, la mayoría de los funcionarios presentes demostraron una falta de conocimiento sobre los temas discutidos, y algunas entidades enviaron excusas de inasistencia por falta de tiempo. Ante esta situación, hemos decidido convocar nuevamente a estas entidades para obtener respuestas concretas del gobierno en un plazo de 9 días, de acuerdo con los términos legales.
El sistema fiscal actual, en lugar de apoyar la formalización del sector, actúa como un obstáculo que empuja a las empresas hacia la ilegalidad. Esto no solo reduce la capacidad del Estado para generar ingresos a través de fuentes legítimas, sino que también socava los esfuerzos por regular y controlar el sector minero.
Es imperativo que el gobierno revise urgentemente las políticas fiscales que afectan al sector minero y establezca un marco que permita a las empresas operativas en la formalidad mantenerse viables y competitivas. Solo así se podrá garantizar que los recursos naturales de Colombia beneficien realmente al país y sus ciudadanos, evitando la fuga de riqueza mineral y el fortalecimiento de redes criminales. La elección es clara: actuar ahora para salvaguardar la riqueza mineral de Colombia y el bienestar de sus comunidades, o ser cómplice de su desaparición en la economía ilegal.
Aquí más Columnas de Opinión