El alcalde de Toledo, Jhonny Alberto Marín, tuvo que recurrir ante la CIDH para solicitar medidas cautelares tras el riesgo contra su vida. Foto: Cortesía
Hasta Washington, D.C., Estados Unidos, tuvo que viajar el alcalde de Toledo, Antioquia, Jhonny Alberto Marín, para solicitar medidas cautelares a su favor y en contra el Estado Colombiano.
El gobernante se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en medio de la preocupación y la angustia que vive.
El mandatario, que sufrió un atentado en el año 2022 y que permanentemente recibe serías y muy graves amenazas, aseguró que la Unidad Nacional de Protección, UNP, le redujo su esquema de seguridad.
Por eso, desde la capital de EEUU, indicó que solicitó medidas cautelares urgentes, para conservar su vida “y para que mis derechos políticos y el derecho a ejercer mis funciones como alcalde, puedan ser una realidad”.
Marín Muñetón, se presentó en la mañana de este martes, 16 de julio, ante la CIDH y espera que en los próximos días la Comisión se pronuncie.
En el escrito pidieron además que se profundicen las investigaciones que adelanta Fiscalía General de la Nación y que su caso sea llevado ante la justicia.
Según explicó, tras el atentado del 2022 y las amenazas constantes que ha recibido y que ha denunciado, no hay un avance ante la justicia colombiana.
Y es que pese a que las amenazas son permanentes, hasta el momento aún no se conocen detalles de las personas que incluso habrían ofrecido una alta suma de dinero por su asesinato.
En la solicitud presentada, el alcalde de Toledo le relató a la Comisión Interamericana que la UNP le redujo el esquema de seguridad, le quitó el vehículo blindado y le quitó un hombre de protección.
Esa decisión de reducción del esquema de seguridad, según denunció, se dio pese a que la Policía Nacional entregó un estudio de riesgo en el que se dijo que el suyo es “un riesgo extraordinario”.
Finalmente el mandatario agradeció a la Policía Nacional por el apoyo que ha recibido en medio de la situación tan compleja que vive en el Norte del departamento.
El mandatario fue acompañado por el abogado Óscar Santamaría Puerta, quien le acompaña con la asesoría frente a esta solicitud.
El jurista Santamaría Puerta agregó que “él (alcalde de Toledo) es víctima, por el delito de tentativa de homicidio, amenazas, extorsión y desplazamiento forzado”.
Finalmente el abogado agregó que “esperamos que en los próximos días la CIDH defina las medidas cautelares y le ordene al Estado Colombiano determinar en debida forma como debe cuidar la integridad de este ciudadano”.
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